Gracias a una reforma que hicieron los diputados ahora quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual o política a una mujer serán vetados de la función pública y los deudores alimentarios morosos no podrán ejercer un cargo.
Por: Luis Gael Guardado | criticadn.mx
Para que los agresores no ocupen ningún cargo dentro de la administración pública y se generen espacios seguros para las mujeres dentro de todas las instituciones públicas, el Congreso de Nayarit declaró formal y constitucionalmente aprobado el decreto de la reforma a la Constitución Política en materia de paridad de género.
Los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, La Yesca, Huajicori, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Ixtlán del Río, Tepic, Jala, Amatlán de Cañas, Xalisco, Bahía de Banderas, Compostela y San Blas aprobaron el decreto de la reforma y adición constitucional, el cual fue aprobado de forma unánime por las y los diputados de esta 33 Legislatura el pasado 24 de marzo.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual o política a una mujer serán vetados de la función pública y los deudores alimentarios morosos no podrán ejercer un cargo.
La misma reforma a la constitución establece que quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado o en otra entidad federativa, no podrán ocupar ningún puesto dentro de la administración pública.
La validez de esta reforma constitucional también fortalecerá y garantizará la participación paritaria de las mujeres en todos los espacios y niveles de toma de decisiones en el gobierno estatal, Congreso del Estado, Poder Judicial, órganos autónomos, gobiernos municipales y organismos descentralizados.
En esta misma Sesión Pública Ordinaria las y los diputados aprobaron el decreto para analizar el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
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