SSPC justifica acuerdo y niega militarización

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, implique una mayor militarización del país o que se vaya a abandonar la construcción de cuerpos civiles de seguridad.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo afirmó que el acuerdo que regula el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Nacional, hasta marzo de 2024, “limita” las facultades de Ejército y la Armada de México en materia de seguridad pública, en lugar de ampliar sus atribuciones, como han argumentado senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

“El Acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública; limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales”, señaló la comunicación oficial.

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De igual forma, la SSPC argumentó que el acuerdo citado y la construcción de una Guardia Nacional con “espíritu de cuerpo” y disciplina e instrucción castrense tampoco implican el abandono de las instituciones civiles en materia de seguridad.

La dependencia agregó que, en sentido contrario a los dichos de partidos de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno federal también ha promovido reformas legales para promover el fortalecimiento de policías estatales y municipales, como la aprobación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que servirá para respaldar a las policías locales.

“Como ya se ha sugerido anteriormente, el acuerdo y la Guardia Nacional no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles. Es todo lo contrario, de hecho, el gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia e investigación del delito”, advirtió.

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También se argumentó que el acuerdo publicado era necesario para dotar de certeza a los elementos del Ejército y la Armada de México que operaban sin un marco jurídico específico.

Además, la SSPC aseveró que se cumple con diversas resoluciones jurídicas nacionales e internacionales que urgían al Estado mexicano a precisar el alcance de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, imponiendo a las mismas el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En este marco, la Secretaría de Seguridad insistió en que la publicación de la norma obedece a los artículos transitorios de la reforma aprobada de manera unánime por el Senado de la República para la creación de la Guardia Nacional, “por lo que no se trata de un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino del seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los partidos políticos desde 2019”.

Añadió: “El día 16 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el decreto por el que la Cámara de Senadores aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Documento que fue previamente discutido de manera abierta y transparente con el Legislativo y la sociedad civil desde hace más de un año”.

En la tarjeta informativa se agregó que el “nuevo rol de las Fuerzas Armadas” contempla trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y regionales para atender “los diversos problemas de seguridad pública” que se viven en cada una de las entidades federativas, e incluso a nivel regional.

“Esta administración siempre ha sido transparente respecto al apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Diariamente el Gabinete de Seguridad, dirigido por el C. Presidente, analiza las problemáticas y acciones convenientes a realizar, de manera coordinada entre los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa y de Marina”, destacó la dependencia.

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