Isidro Rafael “N” fue localizado y detenido en Nuevo León por agentes nayaritas; será trasladado a Tepic para responder ante un juez
Por: Armando G. Barrera | criticadn.mx
La justicia nayarita fue hasta Monterrey, Nuevo León, para echarle el guante a Isidro Rafael “N”, quien era buscado por su probable participación en hechos que la ley señala como los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, presuntamente cometidos en agravio de una mujer cuya identidad permanece bajo reserva.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit, quienes contaron con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para ejecutar la orden de aprehensión. El detenido será trasladado a Nayarit y puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, quien deberá determinar su situación jurídica.
El hecho de que los agentes nayaritas hayan tenido que desplazarse hasta otra entidad para cumplimentar la orden deja un mensaje contundente: desde el arribo de la Fiscal General Elvia Ludmila Heredia Verdugo, en enero de este año, ninguna acusación quedará archivada simplemente porque el presunto responsable abandone Nayarit. La coordinación entre fiscalías permite ubicar a personas requeridas por la justicia fuera del territorio estatal y llevarlas ante los tribunales para que respondan por los hechos que se les atribuyen.
De acuerdo con el Código Penal vigente de Nayarit, el delito de violencia familiar contempla una pena de cuatro a nueve años de prisión, además de una multa de 300 a 600 días; si se acredita que la violencia fue ejercida contra una mujer por razones de género, la sanción aumenta a cinco a 11 años de prisión, también con multa de 300 a 600 días.
En cuanto a las lesiones calificadas, la pena depende de la gravedad concreta de las lesiones acreditadas. El Código establece que, cuando las lesiones son calificadas por circunstancias como premeditación, alevosía, ventaja o traición, la pena correspondiente a la lesión se incrementa de una tercera parte del mínimo a dos terceras partes del máximo. Por ejemplo, las lesiones que ponen en peligro la vida tienen una pena base de tres a ocho años, que puede agravarse conforme a estas reglas.
Por ahora, Isidro Rafael “N” deberá responder ante la autoridad judicial, y será el juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. La Fiscalía deberá acreditar los hechos y las circunstancias de las lesiones que se le atribuyen. El imputado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme. El caso, sin embargo, vuelve a poner de manifiesto que en Nayarit la distancia no representa una garantía de impunidad: quien sea requerido por la justicia puede ser localizado donde se encuentre y llevado ante los tribunales.
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