Un adulto mayor de San Blas es víctima de agresión por parte de delincuentes y ahora enfrenta un proceso penal por acusaciones infundadas. *Juez de control y jefes de la Fiscalía deberían de poner atención en este asunto antes de que ocurra una verdadera injusticia.
Por: Lenin Guardado | criticadn.mx
Lo que comenzó como un intento de despojo de una humilde cabaña en la zona de La Aguada, en Las Islitas, terminó con un adulto mayor detenido y sujeto a un procedimiento penal con número 2754/2026 que iniciará este domingo 25 de octubre, pese a que, según la familia y pruebas obtenidas, existen elementos que respaldan que actuó para proteger su integridad y su hogar.
Se trata de Fernando Zúñiga Bugarín, de 66 años, quien vive solo y quien tiene varios años habitando el inmueble que, ha intentado conservar frente a un conflicto por su posesión.
Los hechos por los que ahora se le quiere dejar en la cárcel por varios años, sucedieron la tarde del pasado domingo 18 de octubre, cuando llegaron a su vivienda Siria Dolores Zúñiga Godínez, Héctor Manuel Zúñiga Godínez y otros sujetos, quienes portaban machetes y comenzaron a golpear la puerta, arrojar piedras y amenazarlo con la intención de obligarlo a abandonar el lugar.
Ante el temor de ser agredido por varias personas, Fernando se refugió en su cabaña, y ya adentro llamó al número de emergencias 911 para solicitar auxilio. Sin embargo, la ayuda policial tardó en llegar, mientras los agresores continuaban intentando ingresar a la cabaña.
Acorralado en su propia vivienda y ante el temor de que los sujetos lograran entrar, el adulto mayor tomó un revólver calibre .38 especial y, realizó un solo disparo hacia arriba, cuyo proyectil quedó en el marco de la puerta para ahuyentar a quienes intentaban agredirlo.
Testigos sostienen que Fernando nunca salió de su casa para perseguir a sus atacantes, sino que permaneció en el umbral de su vivienda para impedir que ingresaran.
DE PEDIR AUXILIO A TERMINAR DETENIDO
Cuando finalmente arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, la situación dio un giro que hoy es cuestionado.
Según lo que ahora se lee en la Carpeta de Investigación, Héctor Manuel, quien es uno de los líderes de los malandros que habían intentado ingresar a su domicilio se presentó ante los policías como víctima y acusó al señor Fernando, junto con sus cómplices y su hermana Siria Dolores de haberles disparado en varias ocasiones, cosa que no fue comprobada.
Fernando, por su parte, explicó a los agentes que había actuado para protegerse de quienes, intentaban entrar por la fuerza a su hogar.
De acuerdo con la información proporcionada, el señor Fernando entregó el arma cuando se la solicitaron los policías y aceptó acompañarlos sin oponer resistencia, mismos que ya estaban también dentro de su propiedad.
Ahora, quien fue el que pidió la ayuda para proteger su integridad terminó enfrentando un procedimiento penal, situación que debe ser considerado, y necesario, revisar a fondo para determinar si se respetaron sus derechos y si se investigaron todas las circunstancias del incidente.
DIEZ AÑOS VIVIENDO EN SU CABAÑA
Uno de los puntos más importantes a favor del señor Fernando es que ya acreditó no haber llegado recientemente al inmueble ni se encontraba ahí de manera circunstancial.
Según la documentación existente, el Ayuntamiento de San Blas ya le expidió una constancia que acredita su residencia en el lugar desde hace aproximadamente 10 años.
A ello se suman tres testigos que también respaldan que quien vive ahí desde hace años es el señor Fernando, y que no intervinieron durante la agresión por temor a los atacantes.
También se cuenta, con una carta de buena conducta expedida por el comité de la colonia y una constancia municipal que destaca las cualidades de responsabilidad, honestidad y buena conducta, atribuidas al adulto mayor ahora detenido.
EL CONFLICTO POR LA PROPIEDAD NO COMENZÓ EL PASADO DOMINGO
También existe un antecedente importante pues en diciembre de 2024, Fernando presentó una querella ante el Ministerio Público de San Blas contra Siria Dolores Zúñiga Godínez por un
intento de despojo relacionado con el inmueble.
Pero aquella controversia se detuvo después de que Siria Dolores saliera de la propiedad y se comprometiera a no volver a molestar a Fernando.
Sin embargo, el conflicto se reactivó hace días y continuó con el incidente del 18 de octubre debe analizarse a la luz de esos antecedentes.
Asimismo, existen publicaciones realizadas en Facebook por personas a quienes identifica como hermanas de los presuntos agresores. En dichos mensajes públicos existen expresiones despectivas e incitaciones a la violencia contra Fernando, por lo que ese contenido debe ser revisado y ser incorporado a las investigaciones.
CUESTIONAN AL MINISTERIO PÚBLICO: ¿SE RESPETARON DERECHOS DEL ADULTO MAYOR?
Las mayores interrogantes se encuentran ahora en la integración de la carpeta de investigación.
Tras revisar las actuaciones, brotaron mas irregularidades que deben ser examinadas por las autoridades judiciales, particularmente en lo relacionado con el derecho de Fernando a contar con una defensa adecuada.
Entre los puntos cuestionados se encuentra que en determinadas diligencias no aparecen el nombre, la cédula profesional y los datos de identificación del defensor que, supuestamente, lo asistió.
Tampoco el señor Fernando contó con asistencia jurídica adecuada durante la obtención de muestras de fluidos y al otorgar su consentimiento para la prueba de rodizonato de sodio.
A estos señalamientos se suma el ingreso ilegal al domicilio por parte de los policías, situación que, debe tener consecuencias jurídicas sobre determinadas actuaciones y pruebas.
Así que existen elementos para promover incidentes de nulidad y que el juez examine la legalidad de las diligencias realizadas.
No se trata de cuestiones menores: el derecho a una defensa adecuada, la legalidad de la detención y el respeto a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad, son garantías fundamentales que deben observarse durante cualquier investigación penal.
LOS SUPERIORES MINISTERIALES Y EL JUEZ DE CONTROL TIENEN LA PALABRA
Ante la gravedad de los señalamientos, la familia del señor Fernando, que se acercó a este medio informativo ha solicitado que los superiores jerárquicos del Ministerio Público de San Blas deben intervenir para revisar la actuación de los funcionarios involucrados y garantizar que la investigación se desarrolle con imparcialidad.
También han expresado sospechas de una posible colusión entre funcionarios ministeriales y las personas señaladas por Fernando como sus agresores pues quienes se dicen ahora “víctimas” tienen un historial de crímenes cometidos con anterioridad.
Por su parte, el juez de control que este domingo llevará a cabo la audiencia penal 2754/2026 tendrá una responsabilidad fundamental al examinar las circunstancias de la detención, los datos de prueba que serán presentados y las solicitudes que se formulen durante la primera audiencia.
Porque el juez no debe de dar por cierta una sola versión de los hechos y debe de ver si se investigó también lo que realmente ocurrió antes de que llegaran los policías.
Fernando tiene derecho a que su caso se examine de manera integral, a que se escuche su versión y a que ninguna prueba obtenida ilegalmente sea utilizada en su contra.
PIDEN QUE ENFRENTE EL PROCESO EN LIBERTAD
El señor Fernando entregó el arma, que no es del uso exclusivo del ejército, sin resistencia, colaboró con los policías y no intentó escapar. Por ello, solicita que se valoren las circunstancias de su detención, su edad, sus condiciones personales y los elementos que respaldarían su versión para continuar el procedimiento en libertad.
Los familiares reconocen que deben analizarse las posibles responsabilidades relacionadas con la portación del arma y el disparo, pero insisten
en que el caso no puede examinarse fuera del contexto de la agresión que habría sufrido dentro de su propiedad.
La existencia de una agresión previa, la necesidad de defenderse y la proporcionalidad de la respuesta deberán evaluarse con base en las pruebas y en la legislación aplicable.
Porque en la carpeta de investigación de manera sospechosa solo se tomó en cuenta la versión de quienes acusaron a Fernando.
Un hombre de 66 años, que afirma vivir desde hace una década en una humilde cabaña de Las Islitas, merece que su caso se investigue con rigor, sin prejuicios y con pleno respeto a sus derechos.
Ahora corresponde a las autoridades ministeriales superiores y al juez de control revisar los señalamientos, valorar las pruebas y garantizar que el procedimiento se conduzca conforme a la ley.
Porque, antes de señalar a un hombre como responsable, es indispensable esclarecer qué ocurrió realmente aquella tarde en Las Islitas y los antecedentes de los agresores que en otra nota daremos a conocer de manera más detallada pues ese es su modus vivendi por lo menos desde hace unos 20 años.
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