No soportan en el poder judicial de Nayarit a la corrupta jueza Sandra Sánchez Covarrubias

Por: Armando G. Barrera/Críticadn

Son varias las denuncias y quejas que han llegado a este medio de información en donde señalan de pedante, déspota, prepotente y hasta corrupta, a la jueza “maestra”, Sandra Sánchez Covarrubias, quien se dice muy “influyente” y, por eso, trata muy mal a sus compañeros impartidores de justicia, a sus subalternos.

En efecto, esta servidora publica que ya ha sido señalada varias veces de corrupta y de asuntos muy sospechosos que tiene que ver con varios millones de pesos, también es señalada de tratar como a sus patas a quienes son parte de algún caso, que solicitan los servicios del poder judicial en algún negocio jurídico.

La “señora jueza” es apoyada en todas sus barbaridades ilegales por el licenciado de nombre Jairo Palma, otro sujeto que se cree que este mundo no es digno de él, puesto que como es hijo de papi, es inamovible, cosa que parece ser cierta pues en poco tiempo que tiene en el poder judicial del estado ya gana la nada despreciable cantidad de 22 mil pesos mensuales, siendo que hay gente con más de 20 años ahí y ni siquiera le llega a los 10 mil pesos.

Otra “fiel escudera” de esta señora a la que ya le apodan la “invisible” (por aquello de que ya nadie la puede ver), es otra jovencita, quien sin estar titulada ya hace labores de Secretaria de Acuerdos y hasta de proyectista, y le pagan por ello mil pesos diarios, es decir, 30 mil pesos mensuales.

La flamante coordinadora de jueces, revelan las fuentes, es quien da “línea” a todos los impartidores de justicia, a quienes da órdenes precisas para que, aunque no tengan la razón jurídica al inocente lo hagan culpable y al culpable inocente, claro, en base a intereses económicos, políticos o de amistad, más no con soporte legal.

Así, pues, dicen los quejosos, que pidieron anonimato por temor a represalias, que ha llegado al extremo de gritarles como loca a sus subalternos, de maltratarlos, violarles sus derechos laborales y humanos, todo porque dice “estar bien parada” con alguien muy poderoso.

Es por ello, que de nueva ocasión, se le solicita al magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Ismael González Parra, que si en verdad es un hombre recto, íntegro, incorruptible y honesto, que tome cartas en el asunto, que analice muy bien el actuar de esta tipa y que revise muy bien la nómina que tiene en el poder a su cargo, pues mientras para algunos no les llega su presupuesto ni a los 10 mil pesos, para otros les da a montones y solo por el simple hecho de estar bien con “algún influyente”.

SU NEGRO HISTORIAL

Como recordaremos, en este mismo medio de información, los periodistas Lenin Guardado y Martín Sanchez, sacaron una noticia en febrero del 2019, en torno al negro actuar de esta “impartidora de justicia”.

Y es que desde entonces, había un gran enojo y mucha sospecha de corrupción en contra de Sandra Sánchez Covarrubias, debido a que está dejó en libertad a varios presuntos delincuentes que tienen que ver con desvíos de grandes cantidades de dinero o que estaban señalados en casos sumamente difíciles porque en ellos había fortunas en juego, de las que aún se cree, a ella y sus compinches le tocaron una buena tajada.

Sandra Sánchez Covarrubias, entonces juez de oralidad, sospechosamente dejó en libertad a cuatro exfuncionarios del sexenio pasado que estaban siendo acusados por la Fiscalía de Nayarit de haberse robado casi 80 millones de pesos del Fondo de Fomento Industrial Estatal, mejor conocido como ´FONAY´.

En efecto, la juez Sandra Sánchez Covarrubias, otorgó la libertad a Federico Gutiérrez Villalobos, exsecretario de Economía; Lázaro Valerio Esquinca y Alejandro Hernández Grimm, exdirectores de FONAY, tras solo pedirles que dejaran una garantía de un millón de pesos y solicitarles que fueran cada 15 días a firmar mientras dura el proceso en su contra, proceso del que por cierto ahora ya no se sabe nada.

Los exservidores públicos del sexenio pasado, adscritos al área de economía, están acusados por la Auditoría Superior de Fiscalización de Nayarit (ASEN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado, de desviar, robarse o hacer mal uso de casi 80 millones de pesos, por lo que resultó infame y muy sospechoso de corrupción, el hecho de que la representante del poder judicial los dejara en libertad por tan solo un millón de pesos en fianza.

Muy a pesar de que, en ese entonces, la representante de Fiscalía pidió como medidas cautelares para que no evadieran la acción de la justicia, que quedaran en prisión preventiva, que les quitaran los pasaportes para que no huyeran del país y que al menos les pidieran como fianza la mitad de lo que se les acusa, pero la juez, pasó por encima de la ley y los dejó en libertad.

Los cuatro exservidores públicos de la anterior administración estatal estaban acusados de los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, ilícitos que sí prevén pena punitiva de la libertad, según el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Peor aún, el monto de la reparación del daño que casi llega a los 80 millones de pesos, lo que resulta más atractivo para que los acusados puedan huir del país y sustraerse de la acción de la justicia con la finalidad de no devolver el dinero y menos el de quedar en la prisión, cosa que a más de un año, no han hecho.

Con la acción de la juez, Sánchez Covarrubias, que ahora está bajo el mando del magistrado Ismael González Parra, los acusados que ahora están libres, lo más seguro es que obstaculizaron la acción de la justicia o el desarrollo de la investigación en su contra porque tal vez pudieron  destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas que estaban en su contra, así como ponerse de acuerdo con los co-imputados, sobornando o amenazar a testigos, peritos y demás personas que pudieran intervenir en su contra.

La decisión de la juez de oralidad en mención, se informó en febrero del 2019, queda más en entredicho porque a nivel nacional se está tratando de evitar que este tipo de delincuentes queden en la impunidad, y para ello se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el delito de Ejercicio Indebido de Funciones es parte de la corrupción que tanto daño han hecho a Nayarit y a nuestro país.

Un dato como ejemplo que da sospecha de la acción de la juez Sandra Sánchez Covarrubias: Si se toma en cuenta la penalidad del ilícito de Ejercicio Indebido de Funciones, en lo individual, la media aritmética corresponde a siete años, lo que hace casi nula la posibilidad de que pudieran alcanzar el beneficio de la conmutación si se les declarara culpable en la etapa procesal correspondiente. Con esta penalidad, al inculpado se le impide la posibilidad de someterse a una suspensión condicional a proceso.

Sin embargo, ahora, los cuatro exservidores públicos ya evadieron la acción de la justicia pues la reparación del daño, que son casi 80 millones de pesos, fue muy tentador para ellos, porque el devolver o reparar esa gran cantidad de dinero está comprobadísimo que genera una actitud negativa en el ánimo del acusado, es decir, que ya no comparecieron ni se sometieron ante el órgano jurisdiccional y así evitaron la acción de la justicia.

OTROS CASOS RAROS: EL DE MILTON GONZÁLEZ, DE LA UAN, ENTRE ELLOS… 

Tras investigar a la juez de oralidad, Sandra Sánchez Covarrubias, se encontró que ella es la misma autoridad que se negó a imponer prisión a Milton Arturo Romero González, compadre y operador financiero del exrector Juan López Salazar, ambos acusados junto a otros testaferros de haber desviado unos mil millones de pesos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Según datos allegados a esta casa editora, y que ya se habían publicado en febrero del 2019, en la misma juez cayó el caso de los presuntos desvíos de dinero de la UAN que Milton Arturo Romero González, Juan López Salazar y demás compinches hicieron en el año 2015. En ese entonces, la misma representante del Poder Judicial Estatal impuso la ridícula cantidad de 2 millones de pesos como garantía, dinero que por cierto no depositó nadie, y no obstante, la juez se negó también a modificar su sentencia.

Milton Arturo Romero González y Juan López Salazar, están libres, a pesar de haberse robado mil millones de pesos de la máxima casa de estudios. Y todo gracias a la jueza Sandra Sánchez Covarrubias, de quien se dijo también obtuvo una gran tajada de todo ese dinero mal habido.