Han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos que era para los Cendis, que ellos regenteaban como propios. Tan solo en un año les encontraron desvíos por 21 millones de pesos.
Por: Manuel Juárez/Críticadn
Lo que se creía y se publicó en varias ocasiones en este medio de comunicación, resultó totalmente cierto, la familia Cervantes Valdés, integrada por Jaime Cervantes Rivera, Rosario Valdés Flores y “Jaimito” Cervantes Valdés, resultó ser una dinastía de ladrones.
En efecto, tras realizarse una auditoria a los recursos que se les entregaron a los Centros de Desarrollo Infantil, en los ejercicios del 2016 y 2017, que ellos regentean como propios, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró las siguientes irregularidades:
• Más de 21 millones de pesos sin validación y comprobación.
• Pago de sueldos y cuotas al IMSS por un monto de 4 millones 816 mil pesos a personas de la Asociación Civil que no labora en los Cendis.
• Compra de productos alímenticios, material de enseñanza, pantallas y equipo de cómputo por un importe de 543 mil pesos sin la documentación que acredite su entrega a los Cendis.
Publicidad• Pagos por 1 millon 160 mil pesos para mantenimientos de aires acondicionado e impermeabilización de Cendis sin la evidencia de que tales servicios hayan sido proporcionados.
La auditoria se hizo a la par con otros Centros de Desarrollo Infantil de Colima y Zacatecas, que andan en las mismas y muy parecidas irregularidades.
Los resultados de estos robos y corrupción detectada en la administración de los Cendis han llevado a la ASF a presentar cuatro denuncias penales por el posible desvío de 40 millones de pesos en total, de los cuales 21 fueron entregados a Jaime Cervantes Rivera, quien también en ese entonces era dirigente del Partido del Trabajo en Nayarit.
Y es que, las denuncias llegan luego de que se agotó el plazo– en algunos casos hasta de dos años – que la ASF dio a las dependencias implicadas para que justificaran el uso o destino del dinero, o en su caso lo devolvieran. Nada de ello ocurrió.
En ese contexto, la ASF ha pedido a la Fiscalía General que integre las carpetas de investigación correspondientes y proceda en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de este fraude que, en muchos casos, ocasionó la pérdida de dinero que estaba destinado a programas para apoyar a los sectores más vulnerables de la población.
La investigación de las denuncias presentadas por la ASF estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza desde el año pasado la fiscal María de la Luz Mijangos.
Fuente: Informe Individual de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017
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