La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo fundamental para el combate al crimen organizado, sin embargo, en la Cámara de Diputados está abierta la discusión sobre si se le deben otorgar mayores atribuciones como sugiere Morena, pues la Oposición asegura que al fortalecerla se podría utilizar también con fines políticos.
Por: Eduardo Buendía/Agencias
Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que cometan funcionarios públicos, empresas, líderes sindicales y organizaciones criminales.
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la UIF ha sido uno de los organismos más activos en perseguir delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y defraudación fiscal, entre otros.
Con el impulso de Morena, en el Congreso de la Unión se discute atribuirle más funciones a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de hacer más eficiente su labor.
La intención es dotar de “superpoderes” a esta Unidad para que pueda continuar con su labor de investigar a exservidores públicos y bloquear cuentas bancarias para seguirle la pista al dinero ilícito.
La propuesta ocasionó el encono entre la Oposición y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados.
El argumento de los detractores es que las nuevas tareas que se pretenden asignar a la UIF pueden vulnerar derechos humanos de quienes sean investigados.
El otorgamiento de más funciones a la Unidad que encabeza Santiago Nieto, está comprendido en la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
La propuesta establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a la cual está adscrita la UIF- pueda bloquear las cuentas bancarias de personas sin que esta acción se tenga que realizar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sucede en la Ley vigente.
Además, la reforma incluye un mecanismo para que los sujetos investigados realicen su solicitud de audiencia durante los 10 días hábiles posteriores a la notificación del congelamiento de cuenta, que será emitida por su institución bancaria.
En San Lázaro los partidos contrarios a Morena se opusieron a que fueran las instituciones bancarias las encargadas de dar aviso a las personas indagadas, al argumentar que la Ley estipula que debe de ser la autoridad competente, es decir, la propia Unidad de Inteligencia Financiera.
Pese a que la reforma fue aprobada en lo general el pasado miércoles, una reserva a la minuta mantiene a la Cámara baja en suspenso y la discusión continuará esta semana, debido a la falta de consensos.
Para Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, la reforma a la LIC viola el artículo 16 constitucional, el cual establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”.
“Ahí es donde se viola el artículo 16 constitucional: me bloquean mi cuenta sin haberme avisado por qué se están yendo contra mis bienes. Y los bienes no pueden ser bloqueados sin que exista una notificación por escrito”, expresa Terrazas Baca, quien también preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
La diputada Martha Tagle asegura que su partido, MC, está de acuerdo en dotar a la UIF de instrumentos para que puedan retener bienes, aunque considera que debe de respetarse el proceso judicial ya establecido.
“Que la persona (investigada) sea notificada y cuente con un derecho de audiencia adecuado que en la Ley no lo está. Sobre el bloqueo de las cuentas mediante una cuestión administrativa la UIF se convierte en juez y parte, en algo en lo que no debe ser parte, como en la extinción de dominio; se brincan el procedimiento que le corresponde al Ministerio Público y a un juzgado civil”, expresa la diputada Tagle.
LAS PRIORIDADES DE LA UIF
Desde la llegada de Santiago Nieto a la UIF, una de las prioridades de este órgano ha sido investigar a funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y a otras figuras políticas cercanas al mexiquense.
El caso más reciente es el de Gerardo Ruiz Esparza, quien se desempeñó como secretario de Comunicaciones y Transportes.
La Unidad de Inteligencia Financiera abrió una carpeta de investigación en contra de este integrante del gabinete peñista, así lo confirmó el mismo Nieto Castillo la semana pasada.
Los bienes de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y quien actualmente permanece en prisión preventiva por ejercicio indebido del servicio público, también están bajo la lupa de la UIF.
En septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia presentó una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de recursos mediante 150 contratos entre la Sedesol y otras dependencias gubernamentales y universidades públicas, cuando Robles Berlanga era su titular.
En el mes de octubre, Santiago Nieto anunció una segunda denuncia contra la exsecretaria por la venta de terrenos federales.
Además de las operaciones financieras irregulares, el exdirector de la petrolera es acusado de asociación delictuosa y cohecho. Se le involucra también con la compra millonaria de Grupo Fertinal y Agronitrogenados, dos plantas consideradas “chatarra” en las que se indaga una triangulación de recursos con cuentas en el extranjero y la adquisición de propiedades con sobornos.
La esposa de Lozoya, Marielle Helene Ecks, su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, y su hermana, Gilda Susana Lozoya, también han sido vinculadas con los ilícitos imputados al extitular de Pemex.
En julio pasado, Gilda Austin y Solís fue detenida en Alemania por agentes de la Interpol. La madre de Emilio Lozoya fue extraditada a México y el 1 de noviembre, un juez la vinculó a proceso y le impuso arraigo domiciliario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht.
Los alcances de las indagatorias iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera han llegado hasta la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 3 de octubre Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como Ministro del máximo tribunal. Después de su declinación, la UIF confirmó que había solicitado el bloqueo de las cuentas del ahora exministro por movimientos irregulares en sus recursos financieros y un presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque Medina Mora argumentó que su dimisión fue por razones personales, también se manejó la versión de que fue la presión de la investigación abierta en su contra lo que lo orilló a renunciar.
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Una de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera es seguir el rastro de las operaciones con dinero ilícito. Es por ello que su papel es fundamental en la retención de las ganancias que generan los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, en el contexto político, también la UIF ha sido cuestionada de ser un órgano utilizado con fines políticos para vigilar a funcionarios que trabajaron para gobiernos anteriores.
“La Unidad que dirige Nieto es de un servicio financiero de inteligencia que debe de saber en qué momento pegarle a estas actividades y estar inmerso en temas de lavado de dinero y perseguir los recursos en Estados Unidos o algún paraíso fiscal”, opina Arturo Argente, analista político y legal.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia informó que Hacienda logró el congelamiento de más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares a grupos de la delincuencia organizada.
Santiago Nieto mencionó que las acciones emprendidas por la UIF afectaron el dinero perteneciente a cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Pacífico y la Unión Tepito, entre otros. “Esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas que corresponden tanto a la delincuencia organizada como a casos particulares”, declaró ante medios de comunicación.
El especialista Arturo Argente agrega que la suma de atribuciones a la UIF es positiva para desintegrar al crimen organizado, aunque advierte que esta Unidad sí puede ser utilizada como un instrumento para arremeter en contra de adversarios políticos de la Cuarta Transformación.
Para Ulises Corona, politólogo y académico de la UNAM, el hecho de que a la Unidad de Inteligencia Financiera se le esté dotando de más poder, resulta peligroso por la oportunidad que tendría de intervenir de forma directa en los ingresos y bienes de políticos y otras figuras opositoras al gobierno.
“Definitiva y contundentemente sí se puede usar de manera política. Cuando le das a una unidad fiscalizadora o evaluadora la capacidad de que busque en tus bienes y tus ingresos, le estás dando la capacidad de que entre a la cocina de tu casa. Es decir, donde más te duele.
“Por eso cuando te amenazan de entrar, incurrir en tu dinero, sí es de llamar la atención. Lo curioso es que buena parte de los diputados de Morena no están de acuerdo con esto, porque entonces sí sería una decisión muy tiránica, sería en exceso absolutista y en mucho sobrellevaría capacidades metaconstitucionales del Ejecutivo”, expone Argente.
(Con Información de Reporte Índigo)
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