Logran que ONU emita acciones urgentes por desaparecidos en Nayarit y se informe de nexos con Veytia

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió acciones urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el estado de Nayarit, entre abril de 2012 y mayo de 2020.

También solicitó al Estado mexicano informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de la Policía estatal, que haya tenido posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal Edgar Veytia, por 39 casos de desaparición forzada cometidos en ese estado.

“Acudimos (ante el CED) como último remedio ante el infierno que vivimos los familiares de personas desaparecidas en Nayarit. Muchos hemos recibido amenazas por el solo hecho de buscarlos. Esperamos que, con la intervención de las Naciones Unidas, las familias puedan, por fin, encontrar a nuestros hijos desaparecidos y acceder a la verdad, a la justicia y a la no repetición”, señaló Rosa María Jara Montes, coordinadora del Colectivo “Por Nuestros Corazones”, y madre de Alejandro López Jara, desaparecido el 22 de junio de 2017.

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La organización no gubernamental IDEHAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, y colectivos de víctimas denunciaron 39 casos de desaparición forzada cometidos en Nayarit, debido a que “la Fiscalía General del Estado de Nayarit no tiene voluntad política de esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas”.

Las organizaciones que solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitir las acciones urgentes son IDHEAS, que trabajó en colaboración con cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas de Nayarit: Familias Unidas por Nayarit, Por nuestros corazones, Renacer por amor a Ellos, y En Búsqueda de Verdad y Justicia.

Los colectivos argumentaron ante la ONU que la mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas en el documento ocurrieron en el 2017, tras la detención del entonces fiscal general Edgar Veytia, hoy sentenciado en Estados Unidas a 20 años de cárcel por narcotráfico.

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“Veytia, junto otros agentes corruptos de la policía de Nayarit, no solamente permitieron a cárteles operar con total impunidad, sino también utilizaron la maquinaria institucional para cometer crímenes graves, entre otros, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y despojo de tierra” señalan.

En este contexto, y tras la victoria de Antonio Echevarría García (PAN-PRD) en las elecciones para gubernatura el 4 de junio de 2017, se desató una ola sin precedente de desapariciones de jóvenes de entre 16 y 35 años en territorio nayarita, la gran mayoría cometidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal, cercanos a Edgar Veytia y vinculados al tráfico de drogas.

En la comunicación enviada al Comité CED, IDHEAS denunció que no existe voluntad política de la fiscalía de Nayarit para esclarecer los hechos y detener a los responsables materiales e intelectuales.

En el 2019, dicha institución encabezó el número de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, con un total de 205 quejas relacionadas con el ejercicio indebido de funciones, dilación en la administración de justicia, así como negativa a practicar diligencias de investigación.

La omisión de la fiscalía estatal en investigar de forma efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial parece dar cuenta de una política de encubrimiento que perpetua la impunidad y, a su vez, nutre la crisis de desapariciones forzadas, señalan.

Al respecto, IDHEAS advierte en la comunicación que siguen cometiéndose desapariciones forzadas en la entidad.

Con base en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, IDHEAS, en colaboración con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, solicitaron al Comité CED emitir acciones urgentes a fin de que el Estado mexicano tome, de forma urgente, medidas para la pronta localización de las personas desaparecidas.

En respuesta a dicha solicitud, el Comité CED emitió 39 acciones urgentes para los casos presentados y dictó una serie de medidas al Estado mexicano, entre otras:

– Establecer de inmediato una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto y patrones;

– Asegurar la competencia, imparcialidad e independencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas del Estado de Nayarit;

– Garantizar el acceso de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nayarit a los expedientes penales de las víctimas;

– Adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda, en particular informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía y de la Policía que haya tenido posibles vínculos con el accionar delictivo del exfiscal Edgar Veytia y su posible relación con la desaparición de las 39 personas;

– Permitir a los familiares de las víctimas desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda de las 39 personas desaparecidas, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento;

– Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la identificación de las necesidades de las víctimas: psicólogicas, jurídicias, médicas y económico-sociales y para que los procedimientos de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas o de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) permitan su acceso oportuno y eficaz a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral previstas en la legislación nacional.

– El Comité contra las Desapariciones de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano enviar información en relación con las recomendaciones emitidas a más tardar el 7 de septiembre de 2020.

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