Las indagatorias ligan a estos exmandos de seguridad con al menos 56 cuerpos hallados en una fosa clandestina en Xalisco, donde colectivos advierten que la cifra podría crecer por personas aún no localizadas.
Por: Armando G. Barrera | criticadn.mx
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos exfuncionarios de seguridad del estado de Nayarit acusados de desaparición forzada en agravio de 56 víctimas, en un caso que involucra presunto contubernio con la delincuencia organizada. Los imputados son el excomandante de la Policía de Nayarit, Jaime Gabriel Romero Montejo, alias “El Jimmy”, y el exescolta del exfiscal estatal Édgar Veytia, Francisco Alfonso Salazar Velazco, alias “Paco Salazar”.
Ambos exservidores públicos habrían cometido los hechos aprovechándose de sus cargos en el área de seguridad estatal. La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) aportó los datos de prueba suficientes ante el Ministerio Público Federal (MPF) para lograr la vinculación.
Cargos diferenciados contra cada imputado
“El Jimmy” enfrenta el delito de desaparición forzada. El juez fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El caso de “Paco Salazar” acumula una mayor cantidad de cargos. Además de desaparición forzada, se le imputan los delitos de ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona. Su medida cautelar es también prisión preventiva oficiosa, pero con un plazo de investigación complementaria de seis meses.
La diferencia en los plazos refleja la complejidad adicional de los cargos que enfrenta “Paco Salazar” respecto a su coimputado.
“Paco Salazar” era ex escolta y colaborador directo del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien se encuentra libre en Estados Unidos tras cumplir una condena de casi 8 años de prisión por conspiración para distribuir narcóticos.
El caso se inscribe en un patrón documentado de desapariciones forzadas cometidas entre 2017 y 2019 en Nayarit, cuando ya no estaba en el cargo Édgar Veytia, pero que fueron atribuidas a funcionarios estatales en coordinación con grupos del crimen organizado. “Paco Salazar”, además, ya enfrentaba desde marzo de 2026 una vinculación a proceso por abuso de autoridad y asociación delictuosa en el fuero común.
La intervención de la FEMDH subraya la naturaleza del delito: la desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos cuando es perpetrada por servidores públicos o con su aquiescencia.
Fue esa fiscalía especializada la que aportó los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó ante la autoridad judicial para obtener la vinculación a proceso de ambos exfuncionarios. El proceso penal se encuentra ahora en etapa de investigación complementaria, con plazos distintos para cada imputado.
La FGR reiteró su «compromiso con las víctimas y con la sociedad» para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
La institución precisó que tanto Romero Montejo como Salazar Velazco gozan de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la resolución judicial que determina que existen datos suficientes para continuar el proceso penal y que el imputado debe enfrentarlo, en este caso, desde prisión preventiva.
56 víctimas y las fosas del predio La Saucera
Hemos de añadir que el expediente registra 56 víctimas directas, cifra que dimensiona la gravedad del caso.
La FGR relaciona a los imputados con al menos 556cuerpos localizados en el predio La Saucera, en el municipio de Xalisco, donde se descubrió la llamada Fosa de los 21, catalogada como uno de los entierros clandestinos más profundos del estado.
Sin embargo, colectivos de búsqueda de familiares aseguran que la cifra podría crecer pues hay muchas personas más que no han sido localizadas en la entidad y donde presuntamente ambos personajes también tienen algo de culpa.
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