Crean comisión para un “Plan 2025–2028” mientras el Poder Judicial de Nayarit arrastra señalamientos de corrupción e irregularidades.
Por: Iván Arizmendi | criticadn.mx
Mientras los problemas estructurales se acumulan y las denuncias sobre corrupción e ilegalidades siguen sin esclarecerse, el Poder Judicial de Nayarit decidió aprobar —por unanimidad y en sesión pública conjunta— la creación de una Comisión Temporal para elaborar el llamado Plan Estratégico Integral 2025–2028.
El acuerdo fue avalado por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial. Sin embargo, lejos de representar un avance tangible para la ciudadanía, la medida ha sido interpretada por diversos sectores como una maniobra administrativa que busca proyectar una imagen de trabajo institucional, mientras los problemas de fondo permanecen intactos.
Bajo la administración del magistrado Edgar Román Salazar Carrillo, el Poder Judicial de Nayarit sigue siendo objeto de constantes cuestionamientos por presuntas prácticas irregulares, decisiones polémicas y opacidad en el manejo administrativo. En ese contexto, la creación de una nueva comisión genera más dudas que certezas.
Aunque el discurso oficial habla de “participación real y efectiva”, mesas de trabajo, foros temáticos y consultas abiertas, críticos señalan que este tipo de ejercicios suelen convertirse en trámites burocráticos que no se traducen en sanciones ejemplares, depuración interna ni en una verdadera transformación estructural.
El documento que proyecta “fortalecer la planeación estratégica” y consolidar “una justicia moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía” contrasta con la percepción social de un sistema judicial lento, selectivo y profundamente cuestionado en su imparcialidad.
Para observadores locales, antes de diseñar planes a cuatro años, el Poder Judicial debería transparentar procesos internos, auditar el manejo de recursos y atender los señalamientos sobre posibles actos de corrupción que han erosionado la confianza pública.
La creación de comisiones puede ser una herramienta válida en cualquier institución. No obstante, cuando la credibilidad está en entredicho, el riesgo es que estos anuncios se perciban no como soluciones, sino como estrategias de contención mediática.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando algo más que planes y discursos: exige resultados concretos, rendición de cuentas y una limpia real dentro de un Poder Judicial que, hoy por hoy, enfrenta una de sus etapas más cuestionadas.
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