El objetivo principal es reducir la incidencia en los delitos de robo y violencia familiar.
Por: Armando G. Barrera/CDN
En un encuentro celebrado el día de ayer en la sede del Tribunal Superior de Justicia, autoridades de la Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Defensoría Pública, Organizaciones Empresariales y Sociedad Civil realizaron trabajos previos a la implementación del Reto interinstitucional denominado 100 días.
El proyecto tiene como objetivo la reducción de la incidencia en los delitos de robo y violencia familiar, con la participación de varios operadores, a través de la aplicación de la respectiva metodología denominada de “Resultados Rápidos“, la cual ha brindado buenos resultados en diferentes entidades del país, misma que es proporcionada por el Programa ProJusticia, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Dicho proyecto se pondrá en marcha en los municipios de Tepic y Xalisco, seleccionados para la aplicación del reto debido a que presentan la mayor incidencia delictiva en la entidad, y estará dirigido a obtener resultados cuantificables con la participación innovadora de equipos multisectoriales.
Se tiene prevista una próxima reunión en la que se definirá la fecha de arranque de este proyecto, cuyo reto busca fortalecer los esfuerzos de los operadores del Sistema Acusatorio y Oral para brindar una justicia pronta y expedita.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ismael González Parra, destacó que “es un reto muy grande al cual nos vamos a enfrentar, pero al ver los resultados obtenidos en otras entidades nosotros sentimos que también podemos cumplir un compromiso de esta naturaleza; sin duda alguna los jueces serán los que mayor participación tendrán en este reto”.
En su intervención el Fiscal General del estado, Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano, aseveró: “Desde que nos propusieron el reto de los 100 días, lo vimos en la Fiscalía como un reto interesante que nos pone más en ruta para lograr la adecuada operación del Sistema Penal Acusatorio, lo cual vendrá a eficientar nuestro sistema de justicia en beneficio de la sociedad, ya que una gran parte de esta nos reclama acabar con la impunidad y brindar una mejor procuración e impartición de justicia”.
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