La subdirectora de procesos judiciales Olimpia Guadalupe Rodríguez, agentes policiacos y una agente del Ministerio Público, en los actos ilícitos.
Por: MABC | criticadn.mx
Han transcurrido ya diez meses desde que el gobernador del estado Antonio Echeverría García, ordenara una investigación en torno a una denuncia por privación ilegal de la libertad que se interpuso en contra de Olimpia Guadalupe Rodriguez, quien funge como subdirectora de procesos judiciales en la Fiscalía de Nayarit; así como también en contra de los agentes policiacos José Isabel Martínez González, Samuel Bernal Fraide y la agente del ministerio público Paola Jaqueline Becerra Pérez… pero, curiosamente, nada ha caminado.
Algo de los hechos:
Una comadre de Olimpia Guadalupe, que labora en el poder judicial, le solicitó el apoyo para que detuvieran al marido de su hermana (cuñado), por lo que para hacerlo de manera “legaloide”, interpusieron “formal” denuncia por supuesta “violencia familiar” y sin haber flagrancia, los agentes policiacos se trasladaron al domicilio del inculpado, esto al oriente de la ciudad, estos hechos ocurridos el 24 de octubre del año próximo pasado.
Los agentes arriba señalados se introdujeron a la vivienda sin haber orden de cateo y detuvieron al inculpado, para trasladarlo a los separos de la fiscalía.
A eso de las 19:00 horas del mismo día, el inculpado fue esposado dentro de los separos, el cual, al preguntarle a los agentes sobre el porqué de las esposas, comentaron que por órdenes de Olimpia, y así lo mantuvieron hasta como a las 10 de la mañana.
Para desalojarlo:
El caso no era propiamente encarcelarlo, si no que se requería mantenerlo alejado para sacarle las pertenencias de su casa del inculpado, cosa que así sucedió; esto también en coalición con personal del juzgado familiar.
Durante cuatro meses, el inculpado estuvo preso en el centro de reinserción social “Venustiano Carranza” y a pesar de que se solicitó una medida alternativa para su libertad, Olimpia Guadalupe, se opuso hasta que, por medio de terceras personas, se entregó la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, siendo así que se obtuvo la libertad.
Hasta el momento y después de 10 meses la denuncia permanece “congelada”, por lo que se espera que a la llegada del nuevo gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, se logren verdaderos cambios en la fiscalía y corran a los “roedores” que ahí siguen laborando como «servidores públicos».
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