Comisionados del ITAI modifican el reglamento para repartirse “bono de retiro” por 900 mil pesos

INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA, TE ESTOY HABLANDO A TI…

Esta vez cito en el título del escrito la letra de una de las canciones más famosas de mi paisana, Paquita la del Barrio, para estar a la altura del lodazal, la hediondez, el atroz agandalle de quienes regentean, al capricho de sus purititas criadillas, ese organismo autónomo llamado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Nayarit (ITAI Nayarit) y su presupuesto, a saber, 14 millones pesos aprobados para el año 2022.

El régimen neoliberal jamás ha sido austero y a pesar de que adelgazaron al Estado, también aumentaron la deuda pública y gastaron a manos llenas en la burocracia dorada. Como consecuencia de este proceso, surgieron múltiples organismos autónomos que jamás resolvieron los problemas por los cuáles fueron creados, antes bien, paulatinamente perdieron la confianza ciudadana por su derroche burocrático, su lejanía de la sociedad y su sistemática captura por intereses particulares.

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A escala local atestiguamos el dispendio de dichos organismos, por ejemplo, en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, en donde el año pasado, los 119 mil 810 pesos de salario bruto mensual de su titular, Maximino Muñoz De la Cruz, superaron al del presidente de la República.

Los tres cochinitos.

Para no quedarse atrás, el Pleno del ITAI Nayarit, conformado por los comisionados Ramiro Antonio Martínez Ortiz, Ángel Eduardo Rosales Ramos (elegidos en 2015, ligados al sandovalismo y próximos a cumplir el periodo para el que fueron designados) y Ramón Alejandro Martínez Álvarez (nombrado en 2018 bajo el auspicio de la señora madre de Toñito Echevarría; actual presidente del organismo), en uso de las facultades que les otorga la ley estatal en la materia (para eso es la autonomía ¡«merde»!), decidieron abrogar el Reglamento Interior del año 2016 (https://tinyurl.com/2at37bfj  ), sustituyéndolo por uno a la medida de sus intereses personales (publicado en el Periódico Oficial del estado el 28 de junio de 2021, https://tinyurl.com/26elub57) días antes de que concluyera la presidencia del comisionado Martínez Ortiz.

Entre las adiciones al nuevo Reglamento Interior sobresale el Capítulo V, Conclusión del Encargo, y más específicamente, el Artículo 101, donde se habla de una “remuneración de transición” que gozarán los comisionados salientes:

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“Artículo 101. Los Comisionados que hayan concluido su encargo por el cual fueron designados por el Congreso del Estado, tendrán derecho a un haber por retiro a partir del día inmediato siguiente a su conclusión, por un monto equivalente a una séptima parte del tiempo que hayan ejercido su función; del mismo monto al que se establezca y reciban los Comisionados en activo; sin que tengan impedimento laboral durante ese tiempo en otros cargos. Además, tendrán derecho a recibir una gratificación anual por concepto de aguinaldo correspondiente a dos meses del salario integrado señalado.

El pago de las prestaciones establecidas en el párrafo anterior se realizará con la ministración correspondiente de cada mes, a más tardar el día último de estos, del año que corresponda. Con excepción del relativo al mes de diciembre que se pagará el día 15 del citado mes. En la misma fecha, se cubrirá el pago del aguinaldo. En caso de fallecimiento del Comisionado, la remuneración de transición se transmite con su misma extensión, alcance y contenido al cónyuge e hijos.”

Dicho en lenguaje coloquial, cada uno de los dos comisionados salientes recibirá el sueldo de un año (puesto que sirvieron siete años), más dos meses de aguinaldo, es decir, un “bono” por un total de 14 meses. Como el monto mensual será el mismo que reciban los Comisionados en activo: 64 mil 196 pesos, la suma global ministrada durante el año posterior al retiro será de 898 mil 744 pesos, sin que ello les impida desempeñar otros cargos durante ese tiempo (¡aplausos!).

Tal avidez presupuestívora nos lleva a preguntar ¿qué otros organismos autónomos estarán reproduciendo estas abusivas prácticas sin que nos enteremos? ¿Qué hacer con el ITAI Nayarit, organismo diseñado para la tutela del derecho a la información, si su Pleno no hace más que medrar de la autonomía constitucional? Ahora que desde el gobierno federal y estatal se hacen esfuerzos para que el gasto público se administre con racionalidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez ¿cómo exhortar al ITAI Nayarit para que su Reglamento Interior sea corregido y se eliminen los arbitrarios beneficios por concepto de conclusión del encargo de sus comisionados?

La sabiduría popular dicta que no se debe tirar al bebé junto con el agua sucia, por tanto, la depuración del ITAI Nayarit tendría que reconocer lo bueno de éste y sólo eliminar sus vicios. En este sentido, las necesarias reformas legales deberán facilitar la fiscalización del organismo y no permitir la impunidad (un ejemplo es el Consejo Consultivo del Instituto, el cual, a pesar de formar parte de la estructura orgánica, desde hace tiempo no existe, lo que impide el escrutinio ciudadano del presupuesto y del resto de las acciones sustantivas del organismo); lo anterior tendría que ser complementado con algo todavía más importante: que las personas que lo encabecen sean probas y auténticamente independientes. Y es que, históricamente, los comisionados del ITAI han sido el resultado del reparto de cuotas políticas, de ahí que las convocatorias para ocupar dichos cargos sean descalificadas «a priori» por los ciudadanos (ahora mismo, en el proceso en marcha, suenan voces que señalan que los comisionados salientes y ligados al sandovalismo están operando para favorecer a candidatos(as) que les aseguren la continuidad en el manejo del Instituto; obviamente, los resabios del toñismo también tendría metidas las manos en la Convocatoria).

Así pues, dura tarea frente a sí tiene la XXXIII legislatura, y más específicamente, su líder, Alba Cristal Espinoza, y la diputada Myrna Encinas, presidenta de la Comisión de Transparencia. En sus manos está conducir un proceso de selección y designación transparente y abierto, valga decir, validado socialmente, del que saldrán dos comisionados(as) con la gran encomienda de ganar la confianza ciudadana en el Instituto a través de la plena justificación de su función social.

Que se sepa.

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