¡Chino cochino!, Magistrados, exfuncionarios y exdiputados tapan ilegalidades y delitos cometidos por “El Chino” Benítez en la ASEN

Por: Lenin Guardado | criticadn.mx

Por Lenin Guardado | criticadn.mx

La avaricia, prepotencia y soberbia de varios actores que llegaron al poder tras el triunfo del empresario Antonio Echevarría García, hoy queda al descubierto dejando una prueba más de que contrario a lo que se les indicó, ese grupo tomó la confianza brindada por el ejecutivo estatal para hacerse de riqueza en base a irregularidades y delitos que se cometieron al amparo del poder ostentado legal e ilegalmente.

Un claro ejemplo del avorazamiento que tuvieron algunos servidores públicos es la manera en cómo se nombró, se sostuvo y se intenta proteger y solapar las acciones que se llevaron a cabo desde la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), cuya dependencia siempre se toma como “el garrote” del régimen en turno para obtener dinero a través de sobornos, puestos con altos salarios y compensaciones y hasta el poder de decidir quien sí o no va a la cárcel después de haber estado en un puesto público o haber participado en una obra donde se ejerza el erario.

Tras meses de investigación, recopilación de información que la mantenían oculta, la solicitud de expedientes judiciales, el análisis y estudio de varias situaciones jurídicas y administrativas, así como la clasificación y entrevistas de mucho material, hemos podido llegar a la conclusión sustentada de varias ilegalidades realizadas por la ambición de poder y riqueza de algunos personajes que rodearon al exgobernador Echevarría García.

EL NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL “CHINO” BENÍTEZ

Todo inició a solo tres días de haber llegado al gobierno Antonio Echevarría García, el 21 de septiembre del 2017, cuando alguien cercano al exmandatario se reunió con Jorge Jonathan Castañeda Espinoza, quien después tuvo una plática privada con el diputado del PAN, Rodolfo Pedroza Ramírez. La misión de Jorge Jonathan fue traicionar a Roy Rubio Salazar y presentar una denuncia en su contra ante la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado (dirigido por Leopoldo Domínguez González, tío del gobernador), la “falta grave” sería “tráfico de influencias” por haber utilizado su puesto para que le dieran la patente de notario público en el municipio de Tecuala.

Roy Rubio Salazar tenía casi cuatro años como Auditor Superior de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), pues tomó protesta el 12 de diciembre del 2013 ante la trigésima legislatura dirigida por Armando García Jiménez, del PRI, y llegando al cargo quien era uno de los principales servidores públicos con los que trabajó muy de cerca, se dice que, en cosas muy chuecas, fue, precisamente, Castañeda Espinoza.

Como era de esperarse, a los pocos días, en octubre del 2017 tras salida de Roy Rubio de la ASEN a petición de los nuevos diputados en su mayoría panista, Héctor Manuel Benítez Pineda, popularmente conocido con el mote de “el chino”, es nombrado ilegalmente “encargado” del puesto de Auditor Especial de Gestión Financiera y Evaluación al Desempeño, por Carlos Cedano Saucedo, quien a su vez cuando los legisladores destituyeron a Roy Rubio, subió como “encargado” de la ASEN. Pero en lugar de ejercer como el mero jefe de ese importante ente dedicado a revisar la buena aplicación de los recursos públicos en todas las dependencias e instituciones del estado, Carlos Cedano (ahora contralor en el ayuntamiento de Tepic) renuncia sin causar ningún problema y lo más seguro con acuerdos con diputados y funcionarios del gobierno estatal toñista, pues habría que dejarle el camino libre “al chino”.

Así pues, quedando nuevamente acéfala la silla del Auditor Superior de la ASEN, el que subió como “titular” fue Héctor Manuel Benítez Pineda, quien en una sola una semana había sido nombrado primero Auditor Especial de Gestión Financiera y Evaluación al Desempeño, y en fast track , “Encargado del Despacho de la ASEN por ministerio de ley”.

Con el membrete que Benítez Pineda ostentaba de manera ilegal, pues era claramente violatorio al artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, donde se detalla cómo se debe de ser la designación del Auditor Superior, “el chino” comenzó a hacer nombramientos de subalternos, los que, obviamente, estaban viciados y eran ilegales desde el origen.

Así pasó el tiempo, nadie respingó, ni diputados de ningún partido, mucho menos los de la Comisión

e Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, dirigida por Rodolfo Pedroza Ramírez; tampoco quienes se desempeñaban como funcionarios estatales o municipales levantaron la voz sobre el nombramiento ilegal de Benítez Pineda, al contrario, todos, incluido el único legislador de Morena, Manuel Salcedo Osuna (ahora alcalde de Acaponeta), aplaudieron las acciones irregulares del “encargado de la ASEN”.

Con todo el poder en sus manos, Héctor Manuel Benítez Pineda, realizaba auditorias, daba nombramientos, dictaba observaciones, ponía sanciones, daba permisos, autorizaba pagos, firmaba contratos, cobraba un sueldazo de unos 130 mil pesos mensuales, agarraba viáticos, y los vehículos oficiales, y dispuso, sin que él tuviera un nombramiento apegado a la ley, de un presupuesto calculado en 129 millones de pesos en los dos años y 7 meses que estuvo como “jefe” de la ASEN.

INICIAN LAS COMPLICACIONES

Sin embargo, algunos de los supuestos responsables de las observaciones y sanciones que estaba poniendo la ASEN no agacharon la cabeza ante los abusos e ilegalidades que ellos presenciaban y de las cuales estaban siendo víctimas, entonces, se percataron de que jurídicamente podían tumbarle todo el procedimiento que se les había impuesto en las diversas resoluciones administrativas y a partir de enero del año 2019 comenzaron a interponer demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit (TJAN), solicitando la NULIDAD DE ACTUACIONES contenidas en los expedientes debido a que el nombramiento de la autoridad que se las imponía, en ese caso el Director General de la Unidad Jurídica de la ASEN, se encontraba viciado e ilegal de origen.

Así pues, comenzaron las demandas ante el TJAN y varios magistrados de ese tribunal  tras el análisis y estudio del caso, firmaron resoluciones en contra de la ASEN durante todo el periodo de Héctor Manuel Benítez Pineda, y todo mundo se comenzó a dar cuenta de que los actos realizados a partir de la llegada de “el chino” a la ASEN iban a resultar nulos.

CÁRCEL PARA LOS REBELDES

El hecho de que ya nadie le tuviera miedo al “Auditor General Encargado del Despacho de la ASEN por Ministerio de Ley”, comenzó a alarmar al grupo de “eruditos en derecho” del gobierno estatal toñista, miembros del mismo grupo del “chino”, por lo que a la par de las resoluciones administrativas que les tumbaban, en venganza, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, las cuales iban directamente turnadas a la Fiscal Especializada Anticorrupción, Irma Carmina Cortés Hernández, quien había llegado a ese puesto desde el 31 octubre del 2018, debido a la recomendación de su pareja sentimental y Subsecretario de Ingresos del poder ejecutivo, Miguel González De La Cruz, gente de todas las confianzas de la Senadora panista y ahora de Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, su líder política.

La Fiscal Anticorrupción, ya sabía bien cuál era su tarea, e ignorando y no atendiendo un principio general de derecho, como el hecho de que quienes interponían las denuncias carecían de personalidad jurídica para hacerlo, ilegalmente comenzó a integrar carpetas de investigación para iniciar con su misión de “apretar” a los supuestos responsables de las anomalías que se detectaban en las auditorias ilegales realizadas bajo el mando de Benítez, y sobre todo, se fueron con más saña contra quienes pusieron algunas de las demandas en el TJAN.

Unos, cuentan, prefirieron llegar acuerdos “en lo oscurito” donde, supuestamente, soltaron miles y hasta millones de pesos con tal de que los dejaran en paz, cuyos sobornos que se repartían entre los partícipes en esta operación institucional.

Por otro lado, los que no se dejaban intimidar y no querían participar en los cohechos, entraban a la pelea legal, y varios comenzaron a caer a la cárcel, aunque después, algunos de ellos con amparos y otros recursos jurídicos salieron de prisión.

NO TUVIERON DE OTRA: SACAN AL CHINO

Pero las demandas que se seguían perdiendo en el Tribunal de Justicia Administrativa  en contra de la ASEN, y los asuntos penales que se les caían, provocaron que en marzo del 2020, se reunieran nuevamente los “cerebros jurídicos” del gobierno de Antonio Echevarría.

Tras analizar todas las posibilidades y estrategias, llegaron a la conclusión de actuar y “corregir” el rumbo en ese sentido, primero, acordaron sacar de la ASEN a Héctor Manuel Benítez, para ahora sí, nombrar a un Auditor Superior totalmente legal y como lo marcaba la ley para evitar más casos en el futuro donde fueran exhibidos públicamente por sus acciones “institucionales”, y luego, decidieron también ir contra los magistrados que no estaban “alineados” en el TJAN.

Así pues, “el chino” Benítez, renunció de manera “sorpresiva” el 21 de abril del 2020, dos años y siete meses después de haber llegado a la ASEN, pero casi de inmediato ya estaba listo el suplente, alguien a quien poder titiretear, y ya tenían todo el expediente de un allegado a los jefes del ejecutivo, obviamente, tenía que ser un charro.

Así, el día siguiente, 22 de abril del 2020, los legisladores locales con la “recomendación” del corrupto panista Rodolfo Pedroza Ramírez, que era amigazo del “chino” Benítez, nombraron, ahora sí como debe de ser, a Salvador Cabrera Cornejo, como Auditor Superior de la ASEN, por un periodo de 8 años, es decir, hasta octubre del 2028, aunque la convocatoria para ello y a todos los aspirantes contrincantes de Chava Cabrera, nadie los vio.

ENGAÑARON A TOÑO Y TOMAN EL TJAN

No obstante, los señalados como “responsables” en las auditorías que hizo “el chino” Benítez, seguían defendiéndose, y el 25 de agosto del 2020, se interpuso una nueva demanda ante el TJAN, de proceso contencioso administrativo contra la autoridad y personalidad de quien se ostentaba como “Director General de la Unidad Jurídica de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit”, y en ella se solicitaba la INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA por él, con número RESP/00020/PARA/2020. La demanda fue admitida bajo el nuevo expediente 450/2020, y se le dio trámite.

El anterior Proceso Contencioso Administrativo de nueva cuenta prendió los focos rojos en el grupo de “eruditos jurídicos” del pasado régimen, por lo que echaron a andar la fase dos del plan que habían ideado en marzo pasado. Hablaron con el gobernador Echevarría García, y “le vendieron” la idea que para “acabar de chingar a los corruptos del pasado” lo mejor era reformar la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y hasta dos artículos de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Así pues, los “eruditos jurídicos” del gobierno de Echevarría, en contubernio con los diputados de la 32 legislatura local, dirigida por Leopoldo Domínguez, hicieron leyes “a la medida” y aprobaron reformas a los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, desde el mes de julio de ese año, para así designar en septiembre del 2020, como nuevos magistrados en el TJAN a Irma Carmina Cortés Hernández y a Juan Manuel Ochoa Sánchez, quienes fueron beneficiados con “la beca” de 150 mil pesos mensuales, hasta septiembre del año 2030, pues su nombramiento fue por diez años.

De inmediato, los dos nuevos magistrados del TJAN, apoyados por la reforma que hicieron para ellos los diputados locales, a petición de los “eruditos jurídicos” del poder ejecutivo, convocaron a una reunión extraordinaria y el 9 de octubre del año 2020, se apoderaron del Tribunal, pues fue nombrada como Presidenta Irma Carmina, por un periodo de tres años; ahí mismo acordaron incrementarse el presupuesto de ese año por $3´300,000.00 (tres millones 300 mil pesos 00/100 m.n.), solamente faltando menos de 3 meses para que terminara el ejercicio fiscal anual, lo que se vio como una “recompensa” a su lealtad demostrada en la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que entre la sociedad realmente vea que su paso por dicha dependencia fue gris y nefasto.

TRAS GRAVE ERROR Y LE ENTRA EL PODER JUDICIAL

Pero en el plan para proteger y tapar las irregularidades e ilegalidades que se hicieron en el periodo de Héctor Manuel Benítez Pineda en la ASEN, les falló algo: Dentro de la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, se estableció en el artículo segundo transitorio que “La Sala Administrativa… continuaría conociendo y resolviendo respecto a los recursos y procesos administrativos que se encuentren en trámite…”.

En base a lo indicado en el párrafo anterior, el 11 de diciembre del 2020, el magistrado Jesús Ramírez de la Torre, Presidente de la Sala Administrativa del TJAN, resolvió junto los demás integrantes de dicho cuerpo colegiado, Catalina Ruiz y Raymundo García, lo referente al proceso contencioso administrativo 450/2020, que, así como lo pidió el demandante, se declaraba la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN emitida por el Director General de la Unidad Jurídica de la ASEN.

En dicha resolución fueron más exactos y claros. Se explica: “… la competencia de la autoridad es defectuosa, en el sentido de que, si bien la resolución de los asuntos es una de las facultades que el Auditor General puede delegar, de entre otros subalternos, al Director General Jurídico, lo cierto es que, en este caso, se tendría que estudiar si quien se ostenta como “Encargado del Despacho de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, efectivamente, posee y puede ejercer las facultades que la ley confiere al Auditor General”.

Y más adelante detallan: “… de los documentos agregados en autos, se aprecia que el Licenciado Héctor Manuel Benítez Pineda se ostenta como “Encargado por Ministerio de Ley de la Auditoria Superior del Estado”, además que posee el nombramiento de Auditor Especial de Gestión Financiera y Evaluación de Desempeño de la misma entidad pública, cargo que, a su vez, le fue otorgado por nombramiento que le extendió el Licenciado Carlos Alberto Cedano Saucedo, quien, al hacer dicha designación, también se ostentó con el carácter de “Encargado del Despacho de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit”, LO QUE INDUDABLEMENTE SE ENCUENTRA TILDADO DE ILEGALIDAD”.

Luego, en la resolución los magistrados indican que, desde Carlos Alberto Cedano Saucedo, que se ostentó como el primer “Encargado del Despacho” estaba impedido para otorgar nombramientos de Auditores Especiales, por lo que lo que hizo con Héctor Manuel Benítez Pineda fue un nombramiento ilegal como Auditor Especial.

Se explica, que cuando Héctor Manuel Benítez Pineda, teniendo el nombramiento fuera de la ley como Auditor Especial, asumió las funciones como “Encargado por Ministerio de Ley de la Auditoria Superior”, lo que es, de origen, un nombramiento nulo y que por esa misma razón tampoco puede delegar potestad relativa al nombramiento de servidores públicos, como fue el caso del Director General Jurídico.

Casi al final de su exposición, se señala: “… DE IGNORAR ESTA SALA LA INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DERECHO HUMANO EN CITA, IMPLICA UNA ALTERACIÓN AL DEBIDO PROCESO CUYAS PAUTAS MARCA LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT…”

La anterior resolución del expediente 450/2020, sobre actos aún emanados por el actuar ilegal del “chino” Benítez, puso en alerta máxima a todos los involucrados, pues pensando que ya tenían todo “bajo control”, se les había vuelto a hacer “bolas el engrudo”.

Entonces, tuvieron que meter al Poder Judicial Estatal, que era dirigido en ese entonces por un esbirro y familiar de los Montenegro Ibarra, el magistrado Ismael González Parra, de quien ahora se dice que pesan algunas investigaciones en su contra por supuestos delitos cometidos al amparo del poder que también ostentaba.

Fue hasta el 19 de enero del año 2021, cuando al titular de la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ASEN, presenta un recurso de Apelación en contra de la resolución del 11 de diciembre del 2020 que emitió el TJAN con número de expediente 450/2020 y que derivó del expediente de origen RESP/00020/PRA/2020, explicada con anterioridad.

Mientras se trabajaba en otra parte del plan, para tener mayoría en el pleno del TJAN, el 14 de mayo del 2021, los diputados locales en acuerdo a los “eruditos jurídicos” del poder ejecutivo, nombraron a Sairi Lizbeth Serrano Morán (actualmente vinculada a proceso penal por cobrar indebidamente en la UAN, SEPEN y Turismo al mismo tiempo) y al ahora fallecido Héctor Alejandro Velazco Rivera, como nuevos magistrados; la primera hija del entonces Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán y la entonces diputada del PAN, Margarita Morán Flores;  el segundo, era el Secretario de Acuerdos de Irma Carmina y antes se había desempeñado como el Director Jurídico con “el chino” Benítez en la ASEN, más obvios no podían ser.

Al mes siguiente, el 31 de junio del 2021, la Sala Constitucional del Poder Judicial de Nayarit, cuyo presidente era Ismael González Parra, quiso terminar pronto y de tajo con esa “papa caliente” que significaba el episodio y paso por la ASEN de Héctor Manuel Benítez Pineda y, resolvió a favor de la ASEN de la siguiente manera en la apelación 01/2021: “esta sala constitucional concluye que los agravios enumerados como uno y dos referentes a la incompetencia de origen, formulados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado, son esencialmente fundados y suficientes para revocar la determinación de nulidad de actuaciones contenidas en el expediente de responsabilidad administrativa número PRA/ASEN-DS/2016-UTC/019”.

En el documento se remata más adelante: “… esta Sala Constitucional concluye que, como bien lo afirma el apelante, el Tribunal de Justicia Administrativa carece de atribuciones constitucionales para analizar la competencia de origen de un servidor público…”.

TJAN SE DEJA PERDER

La sentencia en donde se le daba la razón nuevamente a la ASEN y perdía el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, fue notificada en días posteriores, y en un acuerdo del pleno comandando por la Presidenta Irma Carmina Cortés Hernández, ahora sí, con mayoría de magistrados “del mismo equipo”, y en pleno uso de sus facultades, según lo indica su nuevo reglamento interior, para que dicten “las medidas necesarias para que se garantice el despacho pronto y expedito de los asuntos de competencia del tribunal”, determinaron NO RECURRIR A ALGUNA REVISIÓN NI AMPARO ANTE AUTORIDAD FEDERAL EN CONTRA DE LA SENTENCIA CON EXPEDIENTE 01/2021, que emitió la Sala Constitucional del Poder Judicial de Nayarit. En pocas palabras, EL PLENO DEL TJAN SE DEJÓ PERDER Y MEJOR LE DIO CARPETAZO AL ASUNTO, sin importar que ello pudiera implicar jurídicamente un perjuicio a la sociedad nayarita y en total violación a la competencia y atribuciones del TJAN.

EL ÚLTIMO BOTÍN

Ya cerrado el capítulo judicial del ilegal nombramiento y actuar de Héctor Manuel Benítez Pineda, y tras ese “éxito” obtenido por los “eruditos jurídicos” del cuatrienio, ese grupo hizo las propuestas al titular del poder ejecutivo para los nombramientos de nuevos notarios públicos.

A solo 7 días antes de entregar el gobierno a Miguel Ángel Navarro Quintero, el 12 de septiembre del 2021, Antonio Echevarría García, otorgó la patente de Notario Titular de la Notaria número 42 a Héctor Manuel Benítez Pineda, y a otros “eruditos jurídicos” como Antonio Serrano Guzmán, lo que se vio a todas luces como “un premio” o “protección oficial” para todas las ilegalidades y delitos cometidos durante los cuatro años de la administración echevarrista.

Fue hasta el 22 de octubre del 2021, cuando oficialmente entró en funciones la Notaria emanada de la ilegalidad, la número 42, ubicada en el Fraccionamiento Lagos del Country de Tepic.

EL CASO SE PUEDE DESEMPOLVAR

Cabe indicar que un año después, el estudioso en derecho y notario público desde hace muchos años, que ahora es titular de la Secretaria General de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echeagaray Becerra, en un encuentro con periodistas abordó el tema del “Encargado de la ASEN” a lo que comentó: “Ahí hay circunstancias, que puede en su momento, cualquier ciudadano, retomarlas, presentarlas e impugnar el nombramiento como Notario, porque no tiene la característica de probidad; y no es probo porque ya lo dijo una autoridad intelectual…”.

En su declaración Echeagaray dijo en ese entonces: “…basta una denuncia en contra de “el chino”, para que, incluso, hasta le quiten la notaria número 42, que recibió durante la pasada administración estatal”.

El funcionario también aclaró que por iniciativa institucional el poder ejecutivo no puede retirarle la patente de notario a Héctor Manuel Benítez Pineda, porque fue un acto de la misma autoridad, es decir, que el poder ejecutivo por sí solo no puede actuar en este asunto, pero dando a entender, que si hubiera una denuncia e investigación al respecto, de cualquier ciudadano, entonces sí, se podría actuar en base a esa petición o denuncia interpuesta, y tal vez, quien quiera hacerlo podría tomar como base lo expuesto y sustentado en esta investigación.

Aún falta aclarar el manejo de más recurso público utilizado fuera de la ley por otros que fueron funcionarios o servidores públicos menores, verificar sus acciones en ese periodo y cuantificar más detalladamente el daño millonario causado al erario por la avaricia de poder y económica, de quienes estuvieron en estas dependencias en este mismo lapso y que sin duda tendrán responsabilidad jurídica por estar inmiscuidos en el caso del “chino cochino”.

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(Esta información también se publicó en la edición impresa de la Revista Crítica del mes de Febrero del 2023, número 2661; que tiene un tiraje de 5 mil ejemplares y se distribuye estratégicamente en 17 municipios del estado de Nayarit y en Puerto Vallarta, Jalisco.)