Este asqueroso sujeto llamado Luis Gabriel, almacenaba, distribuía y difundía material pornográfico que afectan a 44 menores de edad.
Por: Armando G. Barrera/Críticadn
La Fiscalía General del Estado en coordinación con autoridades de la Guardia Nacional y de la Agregaduría de Seguridad Interna de los Estados Unidos de Norteamérica, obtuvieron información importante que llevó a la captura de Luis Gabriel “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de almacenar, compartir, distribuir y transmitir material en el que se realizan actos sexuales que incluyen a menores de edad.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, conocido por sus siglas en inglés como NCMEC, a través de su aplicación Cybertipline reports provenientes de la base de datos del Centro Nacional, envió 2 reportes por parte del proveedor de servicios electrónicos Google, en los que se advirtió sobre el contenido de pornografía infantil que contenía fotografías y videos, por lo que derivado de ello la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente.
Resultado de los actos de investigación y con el apoyo de la Policía Cibernética se logró la ubicación de las direcciones de IP en las que se transmitía dicho material, así como la ubicación del hoy imputado.
El Agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
Una vez realizada la detención se efectuó la audiencia de formulación de imputación, y luego de que el Fiscal encargado de la Causa Penal presentara los datos de prueba pertinentes e idóneos ante un Juez de Control, este dictó auto de vinculación a proceso contra Luis Gabriel “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de almacenar, difundir, transmitir y distribuir material en los que se realizan actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales de personas menores de 18 años, todo esto cometido en agravio de al menos 44 menores de edad.
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La autoridad judicial a petición del Ministerio Público impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 6 meses, para el cierre de la investigación complementaria.
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