El juez de control le impuso prisión preventiva... a ver si no se pela otra vez.
Por: Manuel Juárez/CDN
La Fiscalía General del Estado fue notificada del auto de vinculación a proceso dictado contra Salvador “N”, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de cohecho, evasión de presos, extorsión, secuestro en su modalidad de simulación y falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial.
El Agente del Ministerio Público ordenó y llevó a cabo los actos de investigación pertinentes para establecer la probable participación del imputado, dado que se pudieron demostrar indicios suficientes para aseverar que el día 30 de junio de 2018, Salvador “N” se fugó de la cárcel municipal de Bahía de Banderas.
Los celadores de dicha cárcel al rendir su declaración ante el Ministerio Público, señalaron que el imputado les ofreció 30 mil pesos a cambio de dejarlo salir, a lo cual accedieron, realizándose la maniobra durante la madrugada cuando llegó una camioneta color blanco, cerrada, modelo atrasado, tripulada por dos personas, siendo una de estas con voz rasposa quien entregó el dinero y los guardias dejaron ir a Salvador “N”.
En el mes de noviembre de 2018, una persona de sexo masculino recibió a los padres del imputado, quienes aseguraron que su hijo estaba secuestrado y le exigieron la cantidad de 5 millones de pesos para que lo liberaran. Además el 7 de junio de 2019 esta misma persona recibió mensajes de texto desde un número desconocido, en donde le pedían entregar la cantidad de 20 millones de pesos, pues de lo contrario lo señalarían como quien dio la orden para desaparecer a Salvador “N”.
El 15 de junio de 2019 la misma persona recibió otro mensaje que anunciaba la liberación de «Chavita», y que si no se «reportaba» darían a conocer el vídeo enviado y otros más, así como que horas después aparecería Salvador «N» en el estado de Guanajuato.
El 19 de junio de 2019 Salvador “N” fue entrevistado por un Agente del Ministerio Público, y al narrar cómo fue que desapareció aseguró que fue secuestrado del interior de la cárcel municipal por sujetos que le pusieron una capucha en la cabeza, lo subieron a un vehículo y después a otro más, para quedar cautivo en una choza de madera de 4 por 4 metros aproximadamente, con solo un catre.
Agregó que al ser liberado personas desconocidas lo trasladaron a un Cuartel Militar, de donde lo llevaron al Ministerio Público de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, información que ratificó ante el Juez de Control el 28 de junio de este año.
Por lo anterior se solicitó un estudio multidisciplinario en materias de criminalística de campo, psicología y medicina a efecto de verificar la coherencia de lo narrado por el imputado ante el Juez de Control y el Ministerio Público, con los signos emocionales y físicos que presentaba, y se obtuvo lo siguiente: en el área médica se encontró que Salvador “N” no presenta patologías que pueden aparecer en personas privadas de su libertad, pues sus condiciones de higiene no corresponden. Sobre el estado emocional, no coincide con el perfil psicológico de personas que han sido víctimas de secuestro y/o desaparición.
Tampoco se encontraron rasgos que empaten con un trastorno de estrés postraumático. Y en cuanto al área de criminalística, el estudio reveló que de acuerdo con lo señalado por Salvador, en contraste con su estado físico y psicológico este debería tener afectación física y emocional, por lo que se concluye que es inverosímil su declaración.
Integrados los actos de investigación de la carpeta, se ejercitó acción penal por los siguientes delitos: cohecho (por ofrecer 30 mil pesos a los celadores para que lo dejaran escapar), evasión de reos (por haberse fugado de la cárcel municipal de Bahía de Banderas con apoyo de los celadores), extorsión (por tratar de obligar a una persona a que les entregara 20 millones de pesos a cambio de no inmiscuirlo en la supuesta desaparición), simulación de secuestro (por fingir estar privado de su libertad) y falsedad en declaraciones (por dar información falsa en la manifestación emitida ante una autoridad judicial).
El Fiscal encargado de la causa expuso los datos de prueba pertinentes para que la autoridad judicial dictara el mencionado auto de vinculación a proceso a Salvador “N” por los delitos mencionados, a quien se fijó como medida cautelar la prisión preventiva hasta la conclusión del proceso y se estableció el plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria, tiempo en que el Ministerio Público recabará más datos de prueba que le permitan presentar formal acusación.
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