Esto ocurre tras la acusación por narcotráfico contra el exmandatario y la petición de extradición de Estados Unidos contra él.
Por: Agencias | criticadn.mx
En un movimiento que ha transformado radicalmente el panorama político del noroeste del país, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó de manera formal una licencia temporal a su cargo. La decisión se produce tras la revelación de un expediente judicial en Estados Unidos que vincula al mandatario estatal con estructuras del crimen organizado.
El origen de la crisis
La estabilidad del gobierno sinaloense se vio comprometida luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación de 34 páginas. En dicho documento, las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya como la figura central de una red de presunta colaboración entre funcionarios públicos y la facción de «Los Chapitos».
Según las investigaciones del Departamento de Justicia, estos vínculos habrían comenzado a gestarse en 2021, coincidiendo con el periodo de transición previo a que Rocha asumiera la gubernatura. El informe no solo apunta al titular del Ejecutivo, sino que incluye a otros nueve funcionarios y ex servidores públicos de alta jerarquía en la entidad.
Reacción institucional y diplomática
La crisis escaló al ámbito internacional cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de diversas solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense el pasado 28 de abril. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su vocería, informó que ya se encuentra analizando la documentación para determinar la validez de las pruebas y el cauce legal a seguir.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el ahora gobernador con licencia ha rechazado tajantemente las imputaciones, calificándolas de infundadas.
Postura de la Presidencia
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso, subrayando que el compromiso de todo mandatario debe ser la defensa de la soberanía y el bienestar social, manteniendo una postura de observación ante el desarrollo de las investigaciones judiciales.
Mientras el Congreso estatal procesa la separación temporal del cargo, Sinaloa queda a la expectativa de quién asumirá el mando de una entidad que hoy enfrenta una de sus crisis políticas más profundas en la historia reciente.
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