El Notario Público Arturo Díaz, comparsa del exgobernador nayarita Ney González Sánchez, a quien se le busca por todos lados, ya tiene varios procesos legales en su contra que enfrentará desde la penal de Tepic.
Por: Armando G. Barrera | criticadn.mx
El todavía Notario Público Arturo Díaz, quien es señalado por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit como un cómplice que «legitimó» las ilegalidades del exgobernador Nayarita, Ney González Sánchez, prácticamente, ya colecciona en la penal de Tepic, varias órdenes de aprehensión y por ende enfrentará varios casos judiciales en su contra por diversos delitos supuestamente cometidos al amparo del poder en los años del 2005 al 2011.
Y es que, recientemente, en el interior del Centro de Readaptación Social «Venustiano Carranza”, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit ejecutaron una nueva orden de aprehensión contra Arturo “N”, por su presuntiva participación en hechos que según apreciación de la ley encuadran los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias, certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, administración fraudelenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es de precisar que el imputado se encuentra recluido en el mencionado CERESO por otras causas penales, siendo puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la ciudad de Tepic, para dar continuidad a los trámites legales que vendrán a determinar su condición jurídica.
Al exgobernador priísta Ney González, también ya se le comienzan a juntar un puño de órdenes de captura, porque a pesar de que las autoridades solo han afirmado que hay dos solicitudes de captura para presentarlo ante un juez penal, se sabe de manera extraoficial que tiene varios expedientes integrados en su contra por diversos delitos supuestamente cometidos de cuando estuvo como jefe del poder ejecutivo en la entidad.
Sobre todo, a Ney, quien está prófugo de la justicia, se le acusa de la no realización de varias obras públicas que superan un supuesto daño al erario público por más de mil millones de pesos y por la venta fraudulenta de decenas de propiedades que eran del Fideicomiso Bahía de Banderas y que posteriormente aparecieron bajo su patrimonio personal y familiar.
