Cuando la popularidad no alcanza y el proyecto político carece de sustento social, algunos actores públicos optan por el camino más peligroso: la desesperación. Tal es el caso de un senador morenista.
Por: Lenin Guardado | criticadn.mx
Cuando la popularidad no alcanza y el proyecto político carece de sustento social, algunos actores públicos optan por el camino más peligroso: la desesperación. En lugar de construir propuestas, generar consensos o conectar genuinamente con la ciudadanía, recurren a la provocación, al conflicto artificial y, en el peor de los casos, a la manipulación de personas y causas que poco o nada tienen que ver con el bien común.
En Nayarit estamos presenciando un fenómeno preocupante. Políticos, como un senador morenista, que no logran permear en la sociedad —y que difícilmente competirían con éxito por una alcaldía, mucho menos por una gubernatura— ahora envían “operadores” y “asesores” para azuzar inconformidades, financiar bloqueos carreteros y promover manifestaciones contra el gobierno estatal, aun cuando estas acciones rayan en la ilegalidad y carecen de una causa legítima.
El caso de las 300 hectáreas en disputa en la playa de Chacala es un ejemplo claro. Se trata de predios obtenidos de manera irregular por una poderosa empresa desarrolladora y que hoy, mediante el Mega Operativo Nuevo Nayarit, están en proceso de recuperación para devolverlos al patrimonio del pueblo nayarita. La propiedad se encuentra asegurada, no cuenta con permisos de construcción y, por lo tanto, la detención momentánea de trabajadores que realizaban labores en el sitio fue una consecuencia legal, no un acto arbitrario. Los verdaderos responsables no son los obreros, sino quienes los contrataron para operar fuera de la ley.
Sin embargo, en lugar de explicar esta realidad, ciertos políticos prefirieron manipular el discurso. Incitaron a los trabajadores a bloquear la carretera federal 200 bajo el argumento de que “se les quitaba el sustento”, cuando en realidad se trataba de un conflicto legal provocado por intereses empresariales que hoy ven amenazados sus privilegios. La protesta no fue espontánea; fue inducida.
Algo similar ocurrió con el caso del lanchero conocido como “El Cholo”, presunto implicado en la muerte de otro trabajador del mar. Familiares y allegados, en legítima búsqueda de respuestas, fueron orientados por operadores políticos —vinculados a un senador de Morena— a tomar nuevamente la carretera federal y dirigir su inconformidad contra el gobierno estatal. La receta fue la misma: presión mediática y confrontación, aun cuando las autoridades actuaban con base en evidencias y testimonios, como lo exige cualquier proceso de procuración de justicia.
Aquí conviene subrayar tres puntos.
- Primero: El gobierno del estado está ejecutando acciones que, aunque incómodas para ciertos grupos de poder, buscan el beneficio colectivo y la defensa del patrimonio nayarita. Eso inevitablemente “pisa callos” de megaempresarios y de políticos que han vivido históricamente a su sombra.
- Segundo: La justicia no puede ni debe administrarse por consigna política ni por presión de bloqueos; debe responder a los hechos y a la ley.
- Y tercero: Cuando un político llega al extremo de defender a presuntos delincuentes con tal de ganar reflectores, queda claro que su proyecto está agotado.
PARA CERRAR
La desesperación es mala consejera. Y en política, cuando se gobierna desde la ansiedad por no desaparecer del escenario, se termina cayendo por el tobogán del desprecio popular. Porque al final, la sociedad distingue entre quien lucha por el bien común y quien solo pelea por no volverse irrelevante.
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