Jueza determina que la prescripción de delitos imputados al exgobernador priista de Nayarit es una cuestión de fondo que solo se analiza en el juicio.
Por: Armando G. Barrera | criticadn.mx
En un revés judicial para la defensa del exgobernador nayarita Ney González Sánchez, que se dio a conocer este 12 de mayo de 2026, una Jueza de Distrito determinó que la presunta prescripción de los delitos que se le imputan no puede ser resuelta mediante juicios de amparo previos, calificándola como una «cuestión de fondo» que debe ser debatida estrictamente durante el proceso penal.
Lo anterior es derivado de una denuncia iniciada en la Fiscalía General de Nayarit en el año 2022 y que después se convirtió en una causa penal iniciada en el año 2023 por la venta de varias decenas de terrenos a bajo precio que se hizo a través del FIBBA, cuando era Director el exmagistrado Pedro Álvarez Hormaeche.
Esta resolución implica que, para que el exmandatario pueda impugnar la vigencia de las acusaciones por peculado, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones, y tráfico de influencias, es indispensable su comparecencia ante los tribunales locales.
Hemos de recordar que la justicia federal ha negado sistemáticamente la protección de amparo bajo este argumento, señalando que la prescripción debe analizarse en el «contradictorio» del juicio, es decir, una vez que la Fiscalía realice la imputación formal y se solicite la vinculación a proceso.
Actualmente, González Sánchez permanece localizado en Canadá, donde las autoridades de Nayarit ya han iniciado los protocolos de colaboración internacional para su extradición. Bajo el principio de «doble criminalidad», la Fiscalía estatal trabaja para acreditar que los desvíos detectados, particularmente en el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), constituyen delitos graves en ambas jurisdicciones.
Con esta postura judicial, el camino legal del exgobernador se estrecha, forzándolo a enfrentar a la justicia mexicana si pretende sostener que el tiempo ha extinguido su responsabilidad penal por el presunto desfalco al erario estatal.
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