Sin esperar a que concluya el trámite para proceder en contra de los expresidentes, el proceso ya está en marcha.
Por: Agencias/Críticadn
Independientemente de la aprobación o no de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se están investigando una serie de agravios por represión, abuso de autoridad y presuntos delitos patrimoniales como casos denunciados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos.
Entre los casos bajo investigación en contra de los expresidentes de la República destaca el de 295 perredistas asesinados por motivos políticos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y 349 durante el gobierno de Ernesto Zedillo en cuyo periodo ocurrió la matanza de Acteal, en Chiapas, cuando 45 indígenas tzotziles fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997.
Esta masacre estaba en proceso en una corte civil estadounidense para demostrar una política de Estado, pero en 2012 se frenó con una nota diplomática de Felipe Calderón quien advirtió sobre la Inimputabilidad presidencial de Ernesto Zedillo.
Pero luego la masacre de Acteal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 y desde entonces el Estado mexicano litigó para evitar asumir su responsabilidad y fue el pasado jueves 3 cuando finalmente México admitió su responsabilidad, pidió perdón y asumió la reparación del daño.
En el evento de firma Fernando Luna Pérez, a nombre de las víctimas recordó que la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia no se había agotado y exigió que se lleve a juicio a toda la cadena de mando que llegaría hasta el expresidente Zedillo.
Además de esto, desde la perspectiva del presidente López Obrador, Ernesto Zedillo es responsable del Fobaproa que a la fecha a pesar del pago de 700 mil millones de pesos, costará al país 2 billones de pesos.
A Vicente Fox y a Enrique Peña nieto López Obrador los señala por no investigar a fondo ni fincar responsabilidades sobre la tragedia de Pasta de Conchos que el 19 de febrero de 2006 en la mina 8 dejó sepultados a 65 trabajadores.
En 2006 también destaca como un caso que quedó impune el operativo en San Salvador Atenco, hubo 200 detenciones arbitrarias de más de 200 personas, la violación sexual de 26 mujeres y una ejecución extrajudicial. La CIDH responsabilizó al Estado Mexicano. Vicente Fox es el implicado como Presidente y Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Y sobre Felipe Calderón destacan 470 casos de crímenes cometidos por agentes del Estado, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, asesinato de civiles en puestos militares, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos, violaciones sexuales y esclavitud de migrantes, todo por su llamada “guerra contra el narco”.
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