El Presidente arremetió contra los exmandatarios que desde 1988 ejercieron el Poder Ejecutivo en México al afirmar que impusieron gobiernos antidemocráticos y elitistas, llenos de desigualdades sociales, corrupción, inseguridad y violencia.
Por: Agencias/Críticadn
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus últimos cinco antecesores de imponer un régimen antidemocrático, elitista, con desigualdades, inseguridad, corrupción y violencia.
El mandatario presentó su solicitud de consulta para decidir si los expresidentes deben ser juzgados por delitos cometidos antes, durante y después de su mandato
Su propuesta de pregunta es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Para especialistas, la pregunta no es válida al tocar temas de procuración de justicia y derechos humanos en cuanto al debido proceso.
Presidente solicita consulta al Senado
Pide cuestionar a la ciudadanía sobre si se debe indagar a cinco exjefes del Ejecutivo por corrupción y desvíos, entre otros presuntos delitos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cerca de dos millones de ciudadanos de todo el país solicitaron formalmente al Senado abrir el proceso para convocar a una consulta popular, a fin de enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, dice la pregunta que plantea el mandatario federal.
“Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales”, estimó el Presidente en su solicitud.
En la exposición de motivos, explica que “entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.
“Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”, dice al principio el texto de 12 páginas, el cual está a disposición pública en la página web del Senado, desde instantes después de ser entregado.
Precisa que a Carlos Salinas de Gortari se le debe juzgar por haber privatizado empresas nacionales y por fomentar el crecimiento de familias ricas, con lo que se agudizó la diferencia social. A Ernesto Zedillo por el Fobaproa; a Vicente Fox por haberse entrometido en el proceso electoral de 2006; a Felipe Calderón por la guerra contra el narcotráfico y a Peña Nieto por las acusaciones de Emilio Lozoya, de usar dinero de la empresa Odebrecht en su campaña presidencial.
Asegura que esta consulta no viola la Constitución, que prohíbe consultas en materia de derechos humanos, porque “tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”.
Poco antes de las 11:00 horas de ayer, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, llegó a la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, para entregar la solicitud formal del Presidente de la República.
En una ceremonia protocolaria, Scherer entregó el documento a Ricardo Monreal y éste se le dio la petición a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, quien dio cuenta al pleno de la recepción del documento y de inmediato la envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ricardo Monreal informó que la decisión fue utilizar la doble vía para pedir la consulta popular contra los exmandatarios federales: la vía del 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nacional de Electores y la vía del Presidente.
Los dos millones de firmas ciudadanas para solicitar el ejercicio ciudadano fueron entregados por Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena.
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