El Pacto por la Primera Infancia demandó al Presidente de la República que proteja los programas de vacunación y de las guarderías de los recortes presupuestales.
Por: Agencias/Críticadn
El programa de vacunación y su presupuesto de dos mil 89 millones 343 mil pesos encabezan la lista de las 22 acciones gubernamentales que el Pacto por la Primera Infancia le ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador exceptuar de los recortes en las partidas 2000 y 3000.
El mantenimiento, los alimentos y los servicios de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también figuran en los gastos en riesgo de ser afectados por el decreto de austeridad, al igual que la enseñanza escolarizada de los niños de zonas rurales que acuden a escuelas del Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe).
A través de una carta dirigida al Ejecutivo federal y a los titulares de diversas secretarías, las 172 organizaciones civiles que integran esa plataforma advierten que, de aplicar esa medida presupuestal, la vacunación reduciría sus recursos en 95 por ciento y las guarderías del Seguro Social en 83 por ciento.
Explican que, ante el eventual recorte, el presupuesto asignado a vacunación en las partidas 2000 y 3000 del presupuesto federal, y susceptible de riesgo, es de mil 983 millones 17 mil 606 pesos, mismo que administra el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Magdalena de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia, explicó que esas 22 intervenciones resultan fundamentales para garantizar los derechos de seis millones de niños de cero a seis años de edad, por lo que han solicitado a las autoridades federales que se salvaguarde su operación. De lo contrario, alertan, el desarrollo de ese segmento poblacional se vería comprometido.
Detalló que el recorte del 75 por ciento en servicios generales, materiales y suministros afectaría varios programas para este sector, toda vez que gran parte de sus recursos están asignados en las partidas 2000 y 3000.
Ese es el caso también del programa de salud materna, sexual y reproductiva, con un monto de mil millones ocho mil 794 mil 833 pesos, y del cual 41 por ciento se encuentra en esas partidas en riesgo.
Otras acciones gubernamentales como los servicios de Asistencia Social del DIF tienen porcentajes bajos de recursos provenientes de las partidas 2000 y 3000. Pero aún cuando se trata de una resta potencial del 15 por ciento, esto implicaría dejar de ejercer un monto de un poco más de 155 millones de pesos, recursos que en el caso del DIF son destinados a los grupos mas vulnerables y que requieren asistencia social.
PELIGRAN GUARDERÍAS
En su análisis, Pacto por la Primera Infancia espera que las acciones del IMSS y el ISSSTE no se vean afectadas por el decreto de austeridad, porque, advierte, “existen importantes programas de cuidado infantil en estos ramos”.
Al respecto, precisa que le preocupan las partidas de servicios generales, materiales y suministros de Servicios de Guarderías, ya que de los 12 mil 482 millones 172 mil pesos asignados para 2020, el 83 por ciento proviene de las partidas 2000 y 3000, con un monto de 10 mil 341 millones 432 mil pesos.
El mismo problema es para las estancias del ISSSTE, con el riesgo de perder el 32 por ciento del monto total de sus recursos, ya que esa parte se encuentra asignada en las partidas 2000 y 3000, lo que representa una pérdida de 552 millones 435 mil pesos.
“De acuerdo con las partidas específicas, los recursos que serían recortados en 75% corresponden en gran medida a pago de luz, gas, limpieza, mantenimiento y los alimentos que consumen las niñas y los niños en esos espacios de cuidado”, enumera Magdalena de Luna.
SITUACIÓN CRÍTICA
Para Pacto por la Primera Infancia, los impactos de la austeridad decretada en abril anterior resultan todavía más críticos en materia educativa, porque el decreto no hace mención alguna que libere a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus programas de la aplicación del mismo.
“Sin embargo, existen programas presupuestarios de importante contribución para la primera infancia, a partir de la obligación constitucional de la Educación Inicial”, enfatiza la coordinadora política de la plataforma que aglutina a diversas organizaciones.
La lista de las 22 acciones prioritarias incluye la producción y distribución de libros y materiales educativos que recibe 97 por ciento de sus recursos de las partidas en riesgo, constituyendo un monto de dos mil 876 millones 308 mil pesos.
Hay otros renglones afectados con cifras menores, como los materiales educativos que se producen y transmiten en Canal 11, con 578 millones 472 mil pesos, provenientes de las partidas 2000 y 3000.
En contraste, uno de los más preocupantes rubros es el de la educación inicial y básica comunitaria que imparte el Conafe, donde las afectaciones por la vía de reducir en 75 por ciento a esas partidas sumaran un monto de mil 266 millones 467 mil pesos, lo que representa el 28 por ciento de su presupuesto total.
SE TAMBALEAN DERECHOS
En materia de promoción y protección de derechos, la proporción de las partidas a reducir sería muy alta, alerta el Pacto por la Primera Infancia.
Se refiere al Registro e Identificación de Población a cargo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, con una pérdida potencial de 150 millones 838 mil pesos. Y los 32 millones de pesos asignados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
En este contexto también alertan sobre el programa de Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a cargo del DIF que podría perder el 42 por ciento de su presupuesto, mismo que proviene de las citadas partidas, con un monto de 36 millones 942 mil pesos.
Estos datos fueron expuestos en la carta entregada en Palacio Nacional el 22 de julio anterior y en la que piden al presidente López Obrador “se confirme que estos programas serán exceptuados del recorte al 75 por ciento del presupuesto de sus capítulos 2000 y 3000, y en caso de que no sea así, solicitamos se les exceptúe con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4to constitucional, los artículos 3º y 4º de la Convención de los Derechos del Niño”, entre otros ordenamientos internacionales.
“Señor Presidente, Señores y Señora Secretaria, la pandemia ha puesto a niñas y niños menores de seis años en condiciones de extrema vulnerabilidad, no podemos debilitar la operatividad de los programas que existen, por el contrario, habría que fortalecer y ampliar la oferta de acciones concretas del gobierno mexicano para garantizar su derecho a una buena nutrición, a servicios de salud, a oportunidades de aprendizaje, a cuidados de calidad y a una vida libre de violencia. Por el bien de todos, primero la niñez”, se expone en la carta.
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