A parte de que calla por la muerte del compañero periodista Martín Sánchez, de la corrupción descubierta y los "aviadores", ahora se pasea en Europa con dinero del pueblo este inservible ombudsman.
Por: Vicente Rocha | criticadn.mx
Del 13 al 22 de mayo del 2022, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit (CDDH), Maximino Muñoz de la Cruz, viajó a Madrid, España, para asistir al V Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica y al I Congreso de la Alianza Global de Ombudsperson Local (AGOL), organizado por la Universidad de Alcalá. De acuerdo al informe de dicho viaje obtenido a través de una solicitud de información, el resumen de las actividades realizadas fue el de asistencia a conferencias, capacitaciones y ponencia de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. De acuerdo con la respuesta de la CDDH Nayarit, el costo total del viaje fue de 30 mil pesos.
En la CDDH de Nayarit, como en otros organismos autónomos, la asignación de viajes al extranjero recae en la presidencia. Ojalá que el viaje haya servido para que Max Muñoz desempeñe mejor su encomienda. En lo personal, no considero que un viaje al extranjero sea necesariamente reprochable, lo que sí es cuestionable es la ausencia de nuestro Ombudsperson en diversos temas locales donde se presumen violaciones evidentes a los derechos humanos.
Citaré dos ejemplos concretos: el primero, el proceso de expropiación del mercado modular Manuel Z. Larios; el segundo; la modificación del artículo 83, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial el 9 de junio de 2023.
En el caso de los locatarios del Mercado Z. Larios, la defensa de sus derechos ha estado encabezada por el abogado Emmanuel Medina G., quien recientemente demostró el abuso de poder de la actual administración estatal y después de una batalla legal, un Juez Federal ha considerado dejar nulo todo el procedimiento y reponerlo, de tal modo que las personas afectadas sean realmente escuchadas y obtengan una indemnización que sea justa por sus locales comerciales expropiados.
Con relación a la reforma a la Constitución local que pretendió reducir el plazo para que cualquier persona que hubiese ocupado un cargo de Secretario de Estado, Fiscal o cargo de elección popular, pudiera acceder al cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con la sola renuncia a éste con 90 días de anticipación, también ha sido el abogado Emmanuel Medina G. quien presentó la demanda de amparo correspondiente, argumentando la violación al artículo 116 de la Constitución Federal, que señala que ninguna persona podrá ser nombrada Magistrado o Magistrada en el Poder Judicial Local, si no se separa de su cargo con un año de anticipación.
En este mismo sentido, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad 157/2023, ya que la mañosa reforma que asesores jurídicos, legisladores y cabildos locales avalaron, estaría violando los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia, así como los principios de supremacía constitucional, de autonomía e independencia judicial y de legalidad.
Como se ve, a pesar de las diversas violaciones a derechos humanos que han quedado evidenciadas, el Ombudsperson de Nayarit no ha emitido pronunciamiento y mucho menos ha iniciado acción legal alguna.
Esta conducta omisiva no es nueva, antes bien, ha sido la constante de su gestión, pues incluso durante el gobierno de Antonio Echevarría García se aprobó una Ley Laboral Burocrática, actualmente superada por otra más lesiva para los trabajadores estatales, en donde tampoco hizo señalamiento alguno y permaneció de espectador ante las violaciones al derecho de consulta pública previsto en la Constitución.
Así pues, la CDDH de Nayarit actual es un elefante blanco, está ausente del debate público y distante de la sociedad y de la protección de sus derechos humanos; en su lugar, es el Poder Judicial de la Federación quien ha ejercido un contrapeso, no siempre suficiente, frente al Gobierno de Nayarit. Hablamos de un desempeño por demás decepcionante por parte de un funcionario que vendió una imagen de inclusión para los pueblos originarios dentro de las instituciones; un líder del pueblo «wixárika» que ante la nada risueña situación de violaciones de derechos humanos en la entidad, decidió renunciar a su responsabilidad para dedicarse por entero a los placeres mundanos de la «dolce vita».
Que se sepa.
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