Los miembros de las fuerzas armadas permanecerán presos por el delito de desaparición forzada de personas.
Por: Agencias/Crítica dn
Los 30 elementos de la Marina Armada de México detenidos el 9 de abril pasado fueron vinculados a proceso y se les dictó la prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada de personas, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Fue Gerardo Eduardo García Salgado, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tamaulipas, concede en Reynosa, quien determinó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para someter al personal naval a un juicio penal.
El juzgador decretó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo en el que los miembros de las fuerzas armadas permanecerán presos en la prisión militar del Campo Militar número 1, en la Ciudad de México.
La vinculación a proceso se hizo en tres audiencias. Una de ellas se celebró la tarde del miércoles, en la que se vinculó a proceso a seis marinos; la madrugada de este jueves se vinculó a otros 13; y la tarde de este mismo día se resolvió lo mismo sobre los 11 marinos restantes.
Los 30 elementos están relacionados con las causas penales acumuladas, 155/2020, 307/2020 y 308/2020, por hechos la desaparición forzada de dos personas ocurrida el 19 de febrero de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Hace unos días, la Secretaría de Marina informó que los elementos navales son imputados por hechos habrían ocurridos entre 2014 y 2018 en Nuevo Laredo, donde personal naval que se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión, estuvo relacionado con el presunto delito de desaparición forzada de personas.
Aunado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, en junio de 2020 la Recomendación 36VG/2020 por Violaciones Graves a los derechos humanos por el caso de 27 personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina.
Según el expediente, 12 de las víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y entierros clandestinos, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
La recomendación advierte que el personal naval transgredió derechos fundamentales e infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes a las víctimas.
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