Con el IEEN el Poder Judicial acuerda colaborar en integrar y actualizar Registro Estatal de personas sancionadas por la recién aprobada "Ley 3 de 3", pues no podrán ser registradas como candidatos (as) para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrado (a) para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Por: Luis Gael Guardado | criticadn.mx
Un convenio de colaboración relacionado con la recién aprobada «Ley 3 de 3» suscribió la Presidenta del Poder Judicial, magistrada Rocío Esther González García, con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), María José Torres Hernández.
Integrantes de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como funcionarias del IEEN, fungieron como testigos de honor de la firma del acuerdo de voluntades.
El objeto del convenio es que las partes colaboren en la integración y actualización del Registro Estatal de personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales a nivel local.
En su oportunidad, la magistrada presidenta indicó que “como Poder Judicial de Nayarit sabremos cumplir nuestros compromisos derivados del presente convenio y específicamente los relacionados con el Registro Estatal a que hemos hecho referencia”.
“Lo haremos —añadió— con la convicción de que así podremos contribuir al respeto de los derechos de un importante sector de atención prioritaria y que hoy, por disposición legal, cuenta con instituciones para las cuales la legalidad, certeza y –debemos agregar–, la transparencia, son ya una práctica obligada y cotidiana”.
“El desarrollo democrático de nuestro estado y el país lo exige y lo merece; sigamos avanzando”, puntualizó la magistrada González García, quien previamente explicó que el martes 30 de mayo entró en vigor una adición al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se suspenden los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público por las siguientes causas:
«Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos». Asimismo, «por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa».
«En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público».
En el salón de plenos «Prisciliano Sánchez Padilla» del Tribunal Superior de Justicia, la Consejera Presidenta del IEEN, doctora María José Torres Hernández, reconoció previamente la disposición de la autoridad judicial de contribuir en el ámbito de su competencia al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de que ejerzan su derecho a la plena realización.
La Consejera Presidenta del IEEN estuvo acompañada por la Secretaria General, Maley Sánchez Casillas, y la Coordinadora de la Comisión de Género del instituto, Dulce Alicia González Gómez.
Por el Poder Judicial, también suscribió el mencionado convenio la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, maestra Alba Xóchitl Guzmán Olague.
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