El gobierno mexicano ha estado investigando la evolución patrimonial del expresidente Peña Nieto, quien gobernó México de 2012 a 2018, y al menos ocho miembros de su gabinete, entre ellos el excandidato José Antonio Meade y el saltillense José Narro Robles.
Por: Agencias/Críticadn
En las últimas tres semanas, el gobierno mexicano ha emprendido una masiva búsqueda de información bancaria sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, su exconsejero jurídico de la Presidencia y varios miembros de su gabinete, incluido el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien fue candidato a la presidencia en 2018.
Decenas de documentos oficiales, obtenidos en exclusiva por Univision, muestran que la Secretaría de Hacienda tiene en desarrollo una investigación de «evolución patrimonial» que involucra al círculo más cercano de Peña Nieto, a su exesposa Angélica Rivera, a sus hijos y a familiares de sus colaboradores.
Univision Investiga obtuvo los documentos a través de una fuente del sistema bancario, quien consideró que la pesquisa es una «cacería inédita» contra exfuncionarios de un gabinete, especialmente en medio de la crisis por el coronavirus.
«Espero que mis opiniones críticas sobre el desempeño de este gobierno no tengan relación con la investigación», dijo José Narro, exsecretario de salud de Enrique Peña Nieto, quien aparece en los documentos entre los funcionarios indagados.
El 14 de abril, 50 bancos en México recibieron requerimientos para que entreguen información sobre cuentas del expresidente, su familia y exmiembros de su gabinete, que gobernó México entre 2012 y 2018. Al gobierno parece urgirle. Según los documentos, exigieron que los bancos respondan a más tardar el 6 de mayo.
La pesquisa tiene su origen en una solicitud del 26 de marzo de 2020. En ella, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acopiara la información con los bancos. La Comisión es un organismo de Hacienda de México.
Al ser consultado sobre la autenticidad y contenido de los documentos, un vocero de la Función Pública dijo que estaban analizando si podían dar una respuesta, ya que su deber en cualquier investigación es «el cuidado del debido proceso». Dos fuentes, una en el gobierno y otra en el sistema financiero, dijeron a Univision que los documentos son auténticos. Univision Investiga obtuvo también correos que muestran cómo llegaron estos requerimientos desde el gobierno hasta los bancos.
Además de Peña, su exesposa y sus hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego Alejandro, se pide información de «dependientes económicos» del expresidente. La investigación de sus excolaboradores se realiza, según el requerimiento, «con el propósito de robustecer la citada indagatoria».
Univision envió solicitudes de entrevista a Peña Nieto por distintas vías, pero no obtuvo respuesta. Maritza Díaz, madre de Diego Alejandro, hijo del mandatario y quien es menor de edad, dijo que ella no tiene nada que aportar. » Mi hijo solo recibe de su papá una pensión mensual», añadió. Univision no pudo localizar a Angélica Rivera ni a los hijos adultos de Peña Nieto.
El oficio con la solicitud instruye a los 50 bancos que, si alguno de los investigados tiene cuenta, estos deben enviar a la Función Pública copias certificadas y hojas de cálculo, explicando el historial de los estados de cuenta. La información debe incluir copia de contratos, registros de firmas y movimientos bancarios de cualquiera de sus cuentas de cheques, ahorro, bonos, depósitos, títulos, inversiones y créditos y movimientos en casas de cambio.
En la lista de bancos conminados a entregar la información se encuentran instituciones internacionales como Deutsche Bank México, HSBC México, Industrial and Commercial Bank of China México y Barclays Bank México.
Todo esto en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, esto es, los años que duró Peña Nieto como presidente.
Univision Investiga también tuvo acceso a otros oficios muy similares, fechados igualmente el 26 de marzo, que la Secretaría de la Función Pública mandó a los bancos.
Los documentos requerían, en los mismos términos, datos bancarios de Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de Presidencia con Peña Nieto. A esta solicitud le asignaron el número de investigación 033/2020. Para Castillejos fijaron un periodo de investigación de 2012 hasta junio de 2017, cuando dejó el puesto en la casa presidencial. Castillejos no respondió a una solicitud de entrevista.
El tercer investigado en ese paquete fue José Narro Robles, exsecretario de Salud de Peña Nieto, y su esposa. A ellos les asignaron la pesquisa número 036/2020. Narro dijo que desconoce oficialmente de cualquier investigación sobre su persona o su esposa y nunca ha tenido nada que ocultar respecto de la evolución de su patrimonio.
«Estaré atento a cualquier requerimiento que se me formule por la autoridad, porque aparte de mi familia, lo más valioso que he construido en mi vida es mi honorabilidad», dijo Narro.
Ese mismo día, se solicitó información sobre el exsecretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, y su esposa. Ruiz Esparza falleció el 1 de abril, de un derrame cerebral. Una fuente de Hacienda aseguró a Univision que la indagatoria sobre Ruiz Esparza continuará con su familia, después de su muerte. Univision no pudo localizar a su viuda.
Excandidato, también investigado
La primera investigación de este año, registrada con el número 001/2020, se envió a Hacienda unos días antes, el 13 de marzo. En ese oficio, la Función Pública giró instrucciones a Hacienda para que recaudara información bancaria de José Antonio Meade, quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña Nieto. En 2018, él también fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.
La petición sobre Meade incluyó a su esposa, Juana Cuevas, y a sus tres hijos José Ángel, Dionisio y Magdalena, ella de 17 años. Una fuente del equipo cercano a Meade respondió que el exfuncionario, quien dejó la administración pública en 2017, ha transparentado su patrimonio y «no ha sido notificado de ninguna investigación que lo involucre».
Los requerimientos del gobierno exigen expresamente a los bancos abstenerse de informar sobre las solicitudes “con objeto de no incurrir en actos que pudieran entorpecer las investigaciones”. Solo pueden avisarles, dice también el documento, si sus cuentas son bloqueadas como resultado de esa indagación.
La fuente que entregó los documentos a Univision explicó que, en condiciones normales, ellos recibirían este tipo de solicitudes pocos días después de expedidas. En esta ocasión tardaron casi tres semanas debido a la crisis del coronavirus, según esta fuente. Solo el 15 de abril, los bancos comenzaron a procesar las solicitudes.
Univision Investiga también obtuvo una copia del instructivo que la Comisión Nacional Bancaria envió a los bancos para que iniciaran la investigación. Aparece clasificado como “urgente y confidencial”. Este documento solicita que los datos que resulten de la indagatoria se manden a Hacienda en un plazo de 15 días hábiles. La Comisión advirtió a los bancos que, si no cumplen el plazo, serían sancionados.
«En otras administraciones, estos oficios los enviaban a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pero no así», dijo la fuente, quien pidió que no se revele su identidad, por temor a perder su empleo. «La que ha estado mandando los oficios es la Función Pública, están de cacería», añadió la fuente entregó los documentos a Univision.
Un especialista en investigaciones de lavado de dinero explicó que el curso de la indagatoria a través de la Función Pública busca cotejar si lo que esos funcionarios declararon en su momento como su patrimonio es consistente con la información bancaria de ellos y sus familiares cercanos. Si la información no coincide, podrían iniciarse procedimientos por enriquecimiento ilícito en su contra, y estos derivar en que se congelen sus cuentas o se les dicte prisión preventiva oficiosa.
Otros miembros del gabinete
La misma fuente que compartió estos documentos recientes, explicó que en la primavera de 2019 ya los bancos habían respondido a un primer paquete de solicitudes de información bancaria sobre otros miembros del gabinete de Peña Nieto.
El 19 de junio de 2019 la Secretaría de la Función Pública solicitó, en términos similares a las de marzo de 2020, requerimientos bancarios sobre el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y su esposa, con el número 035/2019. Coldwell dijo a Univision que todo su patrimonio es lícito. «Todos mis bienes e ingresos constan en mis declaraciones patrimoniales y en las fiscales, mismas que presenté en tiempo y forma a las autoridades», dijo el exsecretario.
Ese mismo día pidieron datos del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el número 036/2019 y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, su esposa y sus tres hijas. Univision no pudo localizarlos.
Un mes más tarde, el 18 de julio de 2019, solicitaron también que se investigara el exfiscal general Alberto Elías, su esposa y sus dos hijos. Varios medios en México publicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera también estaba investigándolo. Él no respondió mensajes de Univision.
Un mes más tarde, en agosto de 2019, también solicitaron los datos bancarios del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su esposa y sus dos hijos. Los resultados de estas investigaciones no se han dado a conocer.
«Todos mis bienes como los de mi familia están declarados, en esta administración llevan ya tiempo pidiendo esta información y no tengo más que agregar», dijo Osorio Chong al ser consultado.
Dos expertos, que analizaron los documentos a solicitud de Univision, señalaron que la Secretaría está fincando las indagatorias en un artículo de la ley para servidores públicos que le permite «verificar la evolución del patrimonio de los declarantes».
La fuente bancaria que entregó los documentos dijo que en administraciones anteriores este tipo de pesquisas comenzaban en Hacienda, no en la Función Pública. «Pero en este gobierno ha sido así. Desde diciembre de 2018 nos han llegado cientos de requerimientos de información de exfuncionarios de distintos niveles», abundó.
El presidente López Obrador había anunciado al comienzo de su sexenio que no investigaría a los expresidentes. En octubre de 2019, él dijo a Univision Investiga que solo indagaría a Peña Nieto si una consulta popular se lo ordenaba.
En febrero de 2020, el diario The Wall Street Journal citó fuentes oficiales, diciendo que Peña Nieto era investigado. López Obrador respondió que él no estaba enterado de que hubiera una denuncia en contra del exmandatario. «Nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista», dijo. El diario mexicano El Universal también había publicado que el presidente López Obrador dio instrucciones a su gabinete para que se investigara a Peña Nieto y a su familia.
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