Suman irregularidades por 9 mil 887 millones de pesos.
Por: Agencias/Excélsior
Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben.
De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación
El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado para 2019 es de 29 mil 290.3 millones.
Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.
Universidades, sin comprobar 9 mil mdp
Las instituciones reportaron observaciones en más de 18 pesos por cada 100 ejercidos durante 2019.
El análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a los diputados sobre el gasto federalizado prende la alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, una cantidad que representa el 18.6 por ciento de los recursos fiscalizados.
A diferencia de las dos reuniones de trabajo anteriores de los funcionarios de la ASF con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se transmitieron en tiempo real en redes sociales y por en el Canal del Congreso, la de este martes se hizo de manera privada y semipresencial.
A iniciativa de la ASF, se repartió a través de Comunicación Social de San Lázaro el documento que al inicio del encuentro presentó a los legisladores el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el cual ascendió en 2019 a un billón 924,475.4 millones de pesos.
De ese total, el monto observado durante la fiscalización de ese año es de 29 mil 290.3 millones de pesos, de los cuales 11 mil 179.6 es de las participaciones federales a los gobiernos estatales.
El monto observado se compone de los montos por aclarar, así como de aquellos que fueron o deben ser reintegrados a la Federación durante la auditoría.
De las gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto que se le observó a las universidades públicas, de 9 mil 887.8 millones de pesos, más de la sexta parte de los recursos revisados, cuando el promedio para el resto de los programas y rubros que fueron auditados es de 2.3 por ciento.
Es decir, mientras en el resto fueron observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100.
Esto significa que las casas de estudio reportan desorden en su administración interna, misma que se refleja en la falta de documentación suficiente de sus gastos, por lo que la ASF no ha tenido hasta ahora una comprobación satisfactoria de los recursos ejercidos en 2019.
En cuanto al desglose de los conceptos en los que fueron detectadas esas irregularidades, la mayoría de los casos se refiere a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las de las institucionales. Esta anomalía se observó en el caso del 62 por ciento de los recursos observados de este sector, es decir, en 6 mil 148 millones de pesos.
En el 16.8 por ciento de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó que hubo pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.
JUSTIFICAN ANOMALÍAS POR LA PANDEMIA
La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la reconversión de hospitales a centro covid-19 fueron las principales justificaciones en las anomalías del sector salud que informó ayer el auditor especial del gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado, en la Cuenta Pública 2019.
Durante una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, el funcionario dio detalles del gasto federalizado observado durante el primer año del actual gobierno.
Legisladores consultados indicaron que Barriga Delgado amplió información y señaló que las principales observaciones en la salud fueron por el tránsito administrativo que provocó la eliminación del Seguro Popular y la pandemia de covid-19 por la que muchos hospitales cambiaron su mecánica de trabajo, tuvieron que cerrar por cuestiones de salud o no pudieron entregar la información en tiempo y forma por la pandemia.
En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (Movimiento Ciudadano), aclaró que la reunión de este martes con el auditor fue privada porque fue para el aclarar dudas de los legisladores y es parte de una ruta de trabajo técnico que justifica ese formato.
Señaló que las dos anteriores sí debían ser abiertas por tratarse de comparecencias aprobadas por el pleno de los diputados.
RECHAZAN LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Sindicatos universitarios del país rechazaron la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada por el Congreso, al argumentar que “en varios de sus artículos se viola el artículo tercero constitucional, particularmente se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas”.
En un pronunciamiento demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no promulgue la ley y la regrese a la Cámara de Diputados para dar revés a las inconsistencias.
“Es importante señalar que es lamentable que en plena 4T se haya aprobado una ley con claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de las instituciones de educación superior”, plantearon.
Destacaron que en el artículo 2 de la LGES se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, al condicionar toda reforma a la consulta a los órganos colegiados de la institución respecto de la cual se busca reformar su ley orgánica, y a contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno.
“Con ello, cualquier iniciativa para democratizar una institución autónoma podrá ser desechada por los órganos de gobierno de dicha institución, los cuales, precisamente por la carencia de democracia, son controlados por las burocracias universitarias”, señalaron.
De acuerdo con los sindicatos, en la ley, los actores directos del proceso educativo, estudiantes, profesores, y trabajadores no académicos son excluidos de la toma de decisiones.
Además, indicaron que la LGES no resuelve las problemáticas de las instituciones en materia de presupuesto.
“La autonomía seguirá siendo una entelequia sólo para proteger manejos financieros poco claros, pero no para una consolidación y crecimiento de las instituciones”, advirtieron.
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