El juicio está previsto que inicie en octubre próximo, después de que se negara a aceptar el acuerdo por el que se declararía culpable y evitaría la condena perpetua.
Por: Agencias | criticadn.mx
Jan Edward Ronis y Anthony Colombo Jr., abogados defensores de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, presentaron, una moción respecto a los testimonios que, según anticiparon, se darían en el juicio que enfrentará su cliente.
El juicio está previsto que comience el 7 de octubre ante la jueza Beryl Alaine Howell, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., donde al hijo del capo michoacano le acusaba, desde el 1 de febrero de 2017, de dos cargos en su contra: conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso o portación de arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.
El documento, difundido por el periodista Keegan Hamilton -editor de la sección justicia criminal, del periódico Los Angeles Times-, reveló que los litigantes buscaban que se excluyeran evidencias relacionadas con actividades adicionales a los cargos que le fueron imputados a “El Menchito”.
No obstante, la defensa anticipa que durante el juicio, se presenten testimonios que vinculan al hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación con actos de violencia, corrupción y operaciones con sustancias controladas adicionales a la cocaína y la metanfetamina.
Respecto a los actos de violencia, los abogados defensores señalaron que “El Menchito” podría ser señalado por testigos, por supuestamente ordenar el asesinato de al menos 100 personas, así como por mostrar fotografías de los homicidios a terceros y participar en la tortura de al menos dos hombres, que presuntamente colaboraban con las autoridades.
Los litigantes también refirieron que podría haber declaraciones respecto a la presunta responsabilidad de “El Menchito”, en el ataque contra un helicóptero Cougar, con matrícula 1009, de la Secretaría de Marina, que provocó la muerte de nueve elementos de dicha institución de las Fuerzas Armadas, así como de agentes de la Policía Federal el 1 mayo de 2015 sobre la carretera Casimiro Castillo-Villa Purificación, en la zona Costa Sur de Jalisco.
“El acusado ordenó a sus subordinados que derribaran un helicóptero de la Marina mexicana para que él y su padre pudieran escapar”, es uno de los señalamientos que anticiparon los abogados defensores del hijo del capo michoacano.
Dentro del mismo rubro, los litigantes apuntaron que podría haber acusaciones contra “El Menchito” por su presunta relación con varios secuestros, así como por “disparar y asesinar personalmente a dos individuos: un miembro de un cártel rival y un trabajador que desobedeció sus órdenes”.
La información incriminatoria relacionada con actos de corrupción que la defensa previó en el juicio indicó que Oseguera González habría dirigido a oficiales de seguridad armados para que le ayudaran en el transporte, así como protección de drogas, dinero y miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, dentro de México.
Según los abogados, las declaraciones adicionales que podrían ser escuchadas en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., expondrían conductas y aseveraciones que se habrían conocido después del arresto de “El Menchito”, específicamente mediante un reo que convivió con él en México.
Ante ello, los litigantes prevén que acusen al hijo del líder del CJNG por presuntamente negociar la venta de una tonelada de cocaína a miembros de otro cártel, así como por adquirir ametralladoras M60 y armamento calibre 50 a un ex militar ruso.
“El acusado aprobó compras a un ruso con antecedentes militares que proporcionaba entrenamiento al cártel” y “el acusado trató de reclutar a terceros para unirse al cártel de su padre, incluido alguien que ha hecho uso de la violencia extrema en el pasado”, son otros testimonios que buscaría bloquear la representación legal.
La razón por la que los abogados deseaban que se excluyeran las posibles pruebas relacionadas con estos hechos es que, dado que eran ajenas a la acusación formal, podrían influir en el jurado y negarle a “El Menchito” una oportunidad justa de defenderse de cargos concretos, debido a un “mal historial”.
Según lo informó el diario Milenio el lunes 13 de mayo de 2024, Oseguera González decidió ir a juicio tras rechazar la última oferta que le hizo el Gobierno estadunidense, de un acuerdo de culpabilidad.
Durante una audiencia, celebrada ese mismo día ante la jueza Beryl Alaine Howell, en la Sala 26A de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., rechazó negociar un trato que implicaba una recomendación del Gobierno de Estados Unidos, para que su sentencia fuera de 40 años de prisión, en vez de cadena perpetua, a cambio de declararse culpable de dos cargos en su contra.
El Gobierno estadounidense presentó formalmente su última oferta a “El Menchito”, para un acuerdo de culpabilidad, y tras ser rechazada se estableció que las primeras audiencias para preparar su juicio se llevarían a cabo en septiembre de 2024.
La Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un memorándum los detalles del ofrecimiento del acuerdo, el cual se discutió con “El Menchito” y su defensa, conformada por los abogados Jan Edward Ronis y Anthony Colombo Jr., el 9 y 25 de abril de 2024.
El acuerdo implicaba que Oseguera González se declarara culpable de los dos cargos que pesan en su contra: conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso o portación de arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.
Por otro lado, el acuerdo con el Gobierno estadounidense también implicaba que podría ser sentenciado a cadena perpetua o que se le otorgara eventualmente libertad condicional, con residencia en Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos proponía recomendar a la jueza Howell, al frente del caso, una sentencia de 40 años de prisión, el castigo mínimo por los cargos en contra de “El Menchito”, ante la potencial cadena perpetua que podría sufrir en caso de ir a juicio o sin la intervención de los fiscales.
Asimismo, el Gobierno estadounidense proponía que se aceptara la atenuante de que el acusado aceptó su responsabilidad y se declaró culpable, lo que hubiera ayudado en una disminución en el nivel de la ofensa.
