La FGR obtuvo una sentencia de casi diez años de prisión por delitos relacionados con armamento de uso exclusivo del Ejército
Por: Irma Avendaño | criticadn.mx
La Fiscalía General de la República (FGR) en Nayarit obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, nueve meses y diez días de prisión, además de una multa de 32 mil 131 pesos con 76 centavos, en contra de Hazel “N” y Juan “N”, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego, así como portación de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia en el poblado de Pantanal, municipio de Xalisco. Durante el operativo detectaron a cuatro personas que viajaban en un vehículo y que, al percatarse de la presencia militar, intentaron huir.
De acuerdo con la investigación, Hazel “N” trató de refugiarse en un domicilio, mientras que Deysi “N” y Alan “N” escaparon en otro automóvil, el cual fue interceptado metros adelante por las fuerzas de seguridad.
Durante la inspección del vehículo fueron asegurados cuatro fusiles, un fusil de copitas, un aditamento lanzagranadas, cuatro granadas, 36 cargadores, 975 cartuchos útiles, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos —uno de ellos con siglas alusivas a un grupo delictivo— y cuatro cascos tácticos.
Posteriormente, con una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos de la Agencia de Investigación Criminal y con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, realizaron una inspección en un inmueble donde localizaron más cartuchos para arma de fuego.
Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez dictó sentencia mediante un procedimiento abreviado, imponiendo la pena solicitada por la representación social.
En tanto, el proceso penal en contra de Deysi “N” y Alan “N” continúa, ya que permanece pendiente la celebración de la audiencia intermedia, en la que se definirá la siguiente etapa del procedimiento judicial.
Este caso refleja la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir los delitos relacionados con el uso y posesión ilegal de armamento de alto poder, considerados de alto impacto por el riesgo que representan para la seguridad pública y la paz social en la entidad.
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