Los legislador@s quieren que se garantice totalmente la presunción de inocencia y no se les encarcele "en automático" cuando se detecta que el vehículo no es legal.
Por: Luis Gael Guardado | criticadn.mx
A fin de garantizar el respeto al principio de presunción de la inocencia ante la adquisición de un vehículo, las y los diputados integrantes de la 33 Legislatura, que preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, en Sesión Pública Ordinaria aprobaron la reforma al Código Penal para el Estado de Nayarit en su artículo 420, en materia del delito de encubrimiento por receptación.
El objetivo que persigue la reforma aprobada tiende a que la persona que adquiera un vehículo robado, sin conocer que proviene de la comisión de dicho delito, gozará de los derechos y garantías procesales de la materia penal, reduciendo al mínimo las posibilidades de ser juzgado de manera injusta quien obró de buena fe al momento de comprar un vehículo automotor.
En la iniciativa de reforma, presentada por la legisladora Nadia Edith Bernal Jiménez, quedó estipulado que, el ciudadano que desconozca que el automóvil comprado es robado, no será detenido; pero si será sujeto de investigación para que se determine si el adquiriente tuvo conocimiento del origen del vehículo como robado, o no; por el contrario, si la persona que adquirió el vehículo sabe que se obtuvo de un delito, será castigado con prisión.
En el contenido del Código Penal en su artículo 420, señala que el delito de encubrimiento por receptación sucede cuando alguien adquiere, posee, vende, enajena, empeña, traslada, recibe, oculta, suministra o trafica uno o más vehículos automotores robados o parte de éstos; delito que se castigará hasta con ocho años de prisión.
A su vez, las y los legisladores ajustaron las penas previstas para el delito, pudiendo sumar hasta 12 años privado de su libertad quien cometa la conducta delictiva señalada.
En el dictamen aprobado queda de manifiesto el compromiso de las y los diputados de continuar legislando para consolidar un marco normativo que dé certeza jurídica a todos los gobernados y se preserve el orden social del Estado.
